Vecinos del Catatumbo alertan tras nueva liberación: secuestros y violencia persisten en Norte de Santander
Once liberados tras más de 10 meses de cautiverio, pero organizaciones denuncian control armado y falta de garantías para comunidades
CATATUMBO, NORTE DE SANTANDER — María, habitante de Tibú, relata cómo el miedo tiene preso al Catatumbo. "Cada día desaparece alguien, vivimos en incertidumbre, y aunque liberaron a 11 personas tras casi un año, la violencia no para", dice con angustia. En municipios como Tibú y El Tarra, la inseguridad crece mientras el Estado parece ausente en la garantía de derechos básicos.
El pasado enero, el ELN secuestró a once personas residentes en el Catatumbo. Este mes fueron liberadas por una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, este acto humanitario no disimula la crisis de seguridad que persiste en la región.
Según fuentes eclesiásticas, entre las personas liberadas está un firmante del Acuerdo de Paz, lo que resalta la vulnerabilidad de quienes firmaron la desmovilización. Además, las organizaciones regionales alertan que el control territorial por grupos armados ilegales continúa afectando a las comunidades rurales y urbanas del Catatumbo.
"La presencia estatal es prácticamente inexistente; el miedo es un compañero diario. Exigimos garantías de seguridad reales, no solo anuncios que no se cumplen"
— Juan Carlos Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
Las autoridades reportaron más de diez desapariciones recientes en Tibú vinculadas al ELN y a disidencias de las FARC. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha dado cuenta del asesinato de seis excombatientes de paz y la desaparición de otros seis en lo que va del año. A su vez, 223 firmantes han tenido que desplazarse y 19 permanecen confinados debido a la violencia.
Fiscalización y cifras oficiales en entredicho
A pesar de estos datos preocupantes, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Los anuncios de acceso pleno para organismos humanitarios no se concretan en terrenos, lo que limita la atención a víctimas y comunidades. La falta de presencia efectiva del Estado evidencia un patrón histórico de abandono y nula capacidad para garantizar seguridad.
Propuestas desde la academia y sociedad civil
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) plantean revisar el modelo de seguridad local para incluir:
- Implementación de participación activa comunitaria en veedurías territoriales para vigilancia y denuncia
- Coordinación interinstitucional real y permanente entre fuerzas armadas, policía y organismos civiles
- Garantías efectivas para la protección de excombatientes y comunidades vulnerables, incluyendo rutas seguras y acompañamiento psicológico
Organizaciones humanitarias y líderes sociales insisten en que la paz y la seguridad solo serán posibles con presencia estatal tangible y mecanismos de control ciudadano efectivos.
¿Podrá el Estado garantizar la seguridad y acceso a derechos en el Catatumbo o seguiremos viendo liberaciones aisladas sin cambios estructurales? Las comunidades exigen respuestas claras y acciones verificables.
Contexto adicional: El aumento de secuestros y asesinatos en el Catatumbo evidencia la persistencia de grupos armados fuera de la ley que mantienen el control territorial en zonas rurales. La ARN reporta seis excombatientes asesinados y otros tantos desaparecidos en 2025. La falta de acciones contundentes del Estado mantiene a la región en estado crítico.
Fuentes consultadas: Voces de víctimas en Norte de Santander, líderes sociales, Veedurías Ciudadanas, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, expertos en seguridad UIS, fuentes oficiales (con escepticismo).
