UIS responde y desestima señalamientos sobre contratos de Juliana Guerrero
La UIS defendió la vinculación de Juliana Guerrero y calificó como reservada la información de soporte, aunque no explicó el fundamento de esa clasificación. Las inconsistencias en supervisión, trazabilidad y evidencias documentales mantienen vivo el debate sobre el manejo del convenio.
En medio de cuestionamientos por la vinculación de Juliana Andrea Guerrero como contratista de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la institución emitió un comunicado defendiendo la legalidad de los procesos y calificando la información detallada de los contratos como “reservada” por su naturaleza.
La reacción surge tras la divulgación de observaciones que ponen en duda la ejecución de dos contratos suscritos entre 2023 y 2024, relacionados con un convenio interadministrativo celebrado con el Ministerio del Interior.
La postura institucional
En su pronunciamiento, la UIS precisó que los soportes que respaldan la labor de Guerrero están debidamente consignados en informes y documentos internos que, por disposición normativa, no pueden hacerse públicos. No obstante, el comunicado no incluyó la justificación legal concreta para la clasificación de reserva.
La universidad explicó que la contratación de Guerrero se dio en el marco del Contrato Interadministrativo 2402 de 2023 con el Ministerio del Interior, destinado a implementar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida (SNCPV). Dicho convenio vinculó a más de 400 personas como gestores en todo el país, con honorarios mensuales de $3 millones, en diferentes zonas de ejecución.
El origen del convenio
El proceso se gestó en septiembre de 2023, en pleno periodo de Ley de Garantías, con un presupuesto de $14.500 millones y un plazo de tres meses. En un lapso de apenas ocho días, el Ministerio del Interior y la UIS firmaron el acuerdo para desarrollar actividades de consolidación e implementación de rutas metodológicas de convivencia y seguridad ciudadana.
En este contexto, Juliana Guerrero presentó su oferta el 9 de octubre de 2023 para fungir como enlace territorial, por un pago de $9 millones durante 60 días. El contrato fue suscrito el 1 de noviembre de 2023, bajo supervisión asignada, y posteriormente, en enero de 2024, se le adjudicó un segundo contrato de $3 millones para funciones similares.
Dudas sobre ejecución y supervisión
Aunque ambos contratos fueron liquidados y pagados, las actas e informes presentan inconsistencias llamativas. Entre ellas, la ausencia de evidencias claras en la plataforma Secop, informes de actividades idénticos en contenido y forma, y registros contradictorios sobre quién fungió como supervisor oficial. Además, algunos documentos fueron cargados a la plataforma meses después de finalizados los contratos, alterando el orden cronológico que exige la trazabilidad contractual.
Fuentes vinculadas al proyecto indicaron que no hubo interacción directa de Guerrero con equipos de trabajo de la UIS y que su presencia en las labores del convenio fue, en la práctica, inexistente.
Respuesta de Juliana Guerrero
La actual jefe de gabinete del Ministerio del Interior rechazó las dudas sobre el cumplimiento, asegurando que su trabajo fue “excepcional” y que las evidencias fueron entregadas a través de los canales habilitados por la UIS. Argumentó que cualquier información sobre su ejecución contractual debe ser solicitada al Ministerio del Interior, en calidad de entidad vinculante del convenio.
Contexto político y proyección
Juliana Guerrero, de origen cesarense, ha tenido un ascenso rápido en el Gobierno nacional, a pesar de no contar con título profesional universitario. Su trayectoria ha estado marcada por cercanías políticas de alto nivel y por controversias mediáticas relacionadas con el uso de recursos oficiales. Actualmente, se desempeña como coordinadora de gabinete en el Ministerio del Interior y se menciona su posible nombramiento como viceministra, lo que ha despertado críticas sobre la idoneidad de su perfil.
