Tribunal mantiene la prohibición del parrillero en Bucaramanga y el área metropolitana, mientras miles de motociclistas quedan en el limbo
La prohibición del parrillero sigue siendo un símbolo de la incapacidad de las autoridades: una medida sin estudios que castiga a los de siempre y deja intacto el problema de fondo.
El Tribunal Administrativo de Santander rechazó una tutela contra la restricción del parrillero en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, dejando en firme una medida que sigue castigando a más de 600.000 motociclistas que no viven del mototaxismo, pero que igual pagan las consecuencias de la improvisación estatal.
El fallo declaró la improcedencia de la acción presentada por el ciudadano John Albeiro Salcedo, quien alegaba violación de derechos fundamentales. La decisión, lejos de cerrar el debate, volvió a encender la polémica, porque si bien la prohibición tiene origen en un acuerdo metropolitano de 2013, hasta hoy ninguna alcaldía ha presentado los estudios técnicos que justifiquen la restricción.
Voceros del gremio, como Faber Guerrero de la veeduría Horus, advierten que el Tribunal dejó abierta la puerta para nuevas tutelas, dado que el problema no es prohibir o no, sino la falta de legalidad y sustento técnico de la medida. “El juez por ir a solucionar un problema de 5.000 personas no puede afectar a 600.000 motociclistas que utilizan su motocicleta para trabajar o transportar a su núcleo familiar”, cuestionó.
La molestia de los ciudadanos se ha profundizado porque el discurso oficial repite que la restricción es para combatir el mototaxismo, pero en la práctica golpea a trabajadores, familias y estudiantes que encuentran en la moto su medio más rápido y económico de transporte. En lugar de políticas de movilidad serias, lo que se mantiene es un castigo colectivo que no resuelve el transporte informal y sí aumenta la inconformidad social.
