Tres años de impunidad: familias exigen justicia por tragedia escolar en San Andrés, Santander
Tres años después del accidente escolar que dejó seis niños muertos en San Andrés, Santander, sus familias denuncian impunidad, falta de sanciones a funcionarios responsables y ofrecimientos de dinero para silenciarlos. Exigen justicia y garantías para que la tragedia no se repita.
Han pasado más de mil días desde que seis niños perdieron la vida en un accidente escolar en San Andrés, Santander, pero sus familias siguen sin respuestas. Denuncian demoras judiciales, beneficios para los responsables y silencios institucionales que han convertido el dolor en una lucha constante por justicia.
El 22 de marzo de 2022, un bus escolar cayó a un abismo en el municipio de San Andrés, Santander, dejando un saldo trágico de seis niños muertos. Desde entonces, las familias de las víctimas no han dejado de exigir justicia, pero aseguran que el caso permanece estancado y marcado por la impunidad.
Tatiana Cáceres, hermana de una de las víctimas, denunció que uno de los responsables directos, el conductor del bus, Jaime Osorio, fue condenado a 90 meses de prisión tras aceptar cargos en un preacuerdo. Sin embargo, a pesar de tener prohibido conducir, se le otorgó detención domiciliaria y, según sus declaraciones, continúa movilizándose libremente en motocicleta.
“No entendemos cómo, después de haber aceptado su responsabilidad, puede estar tranquilo en la calle, como si no hubiese pasado nada. Es una burla para nosotros”, afirmó.
Además del proceso contra Osorio, las familias han impulsado otros dos procesos: uno administrativo contra la Alcaldía de San Andrés y otro penal contra exfuncionarios y la empresa contratista del transporte escolar, Transportes Especializados de los Andes (TEA). Sin embargo, los avances han sido casi nulos.
Según Cáceres, el vehículo implicado en el siniestro era un modelo 1990 que no cumplía con los requisitos mínimos para circular, y el conductor apenas tenía seis meses de experiencia. Asegura que hubo falsificación de documentos y favoritismos políticos para adjudicar el contrato de transporte escolar.
“Nos ofrecieron 100 millones de pesos para que nos calláramos. No lo aceptamos. No buscamos plata, buscamos justicia. No queremos que otras familias pasen por esto”, denunció.
El dolor sigue latente, pero también la determinación. Damaris Cáceres Maecha, hermana de Tatiana, una de las seis víctimas, habría cumplido 18 años este año. Su familia y las demás continúan alzando la voz para evitar que la tragedia caiga en el olvido.
