Transversal del Carare: el abandono estatal que lleva a una madre cabeza de hogar a hacer de guardiana vial

La carretera que conecta Puerto Araújo con Barbosa, vital para la economía agropecuaria de Santander y Boyacá, no solo está en ruinas: durante décadas ha sido ignorada por el Estado, obligando a comunidades a asumir tareas de mitigación y protección que deberían ser responsabilidad de las autoridades.

La Transversal del Carare, con sus 140 km de asfalto fracturado, es clave para el transporte de cebolla, cacao, plátano, ganado y carbón entre la Costa Atlántica y el centro del país. Sin embargo, este corredor estratégico se ha convertido en un símbolo del abandono estatal. Aunque se han destinado cerca de $1 billón al tramo –a través de contratos del Gobierno nacional–, hoy el camino parece más una trocha rural que una vía nacional, con la mitad de su pavimento en peligro, puentes agrietados y bancos destruidos por la erosión del río que da nombre a la ruta.

En el sector conocido como “El Borrascoso”, un acantilado y un derrumbe activo reducen el paso a un solo carril. Por allí transitan tractocamiones y volquetas a paso de tortuga, en maniobras que rozan lo temerario. Las piedras caídas y los deslizamientos son amenazas constantes contra los vehículos y sus ocupantes. Tampoco hay señalización ni mantenimiento que alerten sobre los riesgos.

En medio de esta tragedia vial, surge la figura de Nancy Vargas, una mujer cabeza de hogar que adquirió por su cuenta una paleta de tránsito para regular el tránsito en una zona clave cerca de Landázuri, donde el abandono estatal ha dejado el paso a merced del caos. Aunque recibe donaciones informales para contratar maquinaria que despeje los derrumbes, no cuenta con recursos ni respaldo institucional. Su acción ciudadana representa un contrapunto dramático al vacío del Estado, y es la prueba de la incapacidad de las autoridades para responder a necesidades básicas.

Veedores locales, como Ariel Hernández y Nelson Pardo, han denunciado que los contratos asignados jamás han sido verificados ni ejecutados, y que los materiales utilizados son deficientes. El resultado: obras que duran semanas antes de desmoronarse. El Invías y algunos proveedores externos han desatendido las solicitudes de veeduría ciudadana, lo que ha generado una profunda desconfianza en las poblaciones que dependen de esta vía.

Desde la Asamblea de Santander, el diputado Francisco González Gamboa ha advertido que los recursos asignados se consumen solo en mantenimientos superficiales, sin avanzar hacia una rehabilitación integral. Ha exigido la creación de un Conpes –un plan especial de inversión– que garantice presupuesto y seguimiento a largo plazo. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través de Juan Carlos Rincón Liévano, ha coincidido: esta vía no es una alternativa, es una necesidad para la competitividad regional.

La comunidad de municipios como Cimitarra, Landázuri, Vélez y Barbosa advierte que, de no haber acción concreta, convocarán “hora cero” (paros y bloqueos) para exigir respuestas. Franco Santander, uno de los veedores de Jordán, afirma que están listos para paralizar la ruta e imponer presión pública. Hasta la fecha, la única vía real que han encontrado para inspirar reacción es el cambio en la dinámica comunitaria, y no por iniciativa pública.

La Transversal del Carare expone una fórmula dolorosa: millones prometidos, obras licitadas, discursos en campaña y ningún resultado en el terreno. Mientras el Gobierno nacional y departamentos locales debaten sobre presupuestos y responsabilidades, familias dependen de la amenaza constante detrás de un volante, y mujeres como Nancy, sin cargo ni sueldo, protegidas solo por su convicción, gestionan el tránsito diario para evitar tragedias.

La imagen de una madre cabeza de hogar en un tramo erosionado defendiendo la vida de los pasajeros habla por sí sola: ante un Estado desbordado, la dignidad y la valentía ciudadana emergen como los últimos baluartes de protección. La Transversal del Carare no es solo una carretera en ruinas: es el espejo del fracaso institucional frente a un derecho básico: circular sin miedo.