Transporte informal arrasa en Bucaramanga ante el colapso del sistema público y la falta de autoridad

En Bucaramanga, el transporte informal ya moviliza más usuarios que el sistema público, mientras las autoridades se limitan a operativos simbólicos que no frenan el desbordado crecimiento de la piratería vial.

La piratería en el transporte urbano de Bucaramanga ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un sistema paralelo que moviliza a más usuarios que el propio transporte público formal. Mientras Metrolínea y los buses urbanos transportan en promedio 200 mil pasajeros diarios, el transporte informal mueve más de 400 mil, según estimaciones recientes.

Este crecimiento exponencial de vehículos ilegales —desde motocicletas y carros particulares hasta vans no autorizadas— ha convertido a la ciudad en un territorio sin ley en materia de movilidad. Pese a los recientes operativos de la Secretaría de Tránsito, como la inmovilización de 90 motocicletas en la carrera 15, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, dispersa y sin estrategia clara.

Una ciudad atrapada entre la necesidad y la ilegalidad

Los puntos críticos de operación pirata están plenamente identificados: carrera 15, carrera 34, Quebradaseca, el parque Santander y la carrera 21 con calle 34, donde los llamados “terminalitos móviles” funcionan a plena luz del día. Aún así, la reacción de las autoridades parece tibia.

“La Alcaldía y la Secretaría de Tránsito se han limitado a sancionar fallas como la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica, pero no hay una ofensiva frontal contra el transporte ilegal. Eso genera frustración en el gremio legal y pone en riesgo a los ciudadanos”, declaró un vocero del sindicato de taxistas de Bucaramanga.

La tolerancia institucional: ¿negligencia o complicidad?

Pese a los compromisos adquiridos por el gobierno local desde hace más de un año con el gremio transportador, los operativos siguen siendo esporádicos y sin resultados visibles. Esta inacción, sumada a la crisis estructural del sistema público, ha incentivado a los ciudadanos a optar por opciones más rápidas, aunque inseguras.

Los expertos coinciden en que el auge de la piratería no solo refleja la precariedad del transporte formal, sino la desconexión del gobierno municipal con la realidad urbana. “El Estado ha perdido autoridad en las calles y eso permite que mafias de transporte ilegal operen sin ningún temor”, señaló un analista de movilidad consultado por Voz Oriente.

¿Qué soluciones propone el sector?

Desde el gremio formal del transporte y distintos sectores ciudadanos se exige la creación de una política pública integral y robusta que vaya más allá de los discursos. Se plantea:

• Coordinación directa entre Alcaldía, Tránsito, Policía, SuperTransporte y representantes del gremio.
• Operativos sorpresivos y constantes, no esporádicos.
• Sanciones crecientes, retención inmediata de vehículos piratas y multas efectivas.
• Uso de tecnología: cámaras lectoras de placas, georreferenciación de rutas y alertas automatizadas.
• Rendición de cuentas semanal, pública y transparente sobre los resultados de los controles.

La oportunidad política de Jaime Andrés Beltrán

El alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien ha hecho de la autoridad y la seguridad vial una de sus banderas, enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos. La ciudadanía espera que ejerza un liderazgo firme que devuelva la legalidad a las vías de Bucaramanga y defienda a los transportadores que cumplen la ley.

“Es ahora o nunca”, afirman desde el sector. Si no se actúa con determinación, el colapso del sistema público será inevitable y la piratería se consolidará como la opción por defecto de los bumangueses.

Sin una acción decidida, el segundo aire de Metrolínea terminará en un nuevo fracaso, se seguirá burlando la ley y el transporte en Bucaramanga caerá en la anarquía definitiva.