“Tolerancia cero” en el micrófono, silencio en la casa: la doble vara de Álvaro Rueda
Si el representante Rueda quiere liderar la agenda contra la violencia sexual, primero debe cerrar su propia grieta de credibilidad: explicar qué hizo cuando fue director del Banco Inmobiliario de Floridablanca y una funcionaria denunció acoso sexual dentro de su casa institucional.
El representante liberal Álvaro Rueda promueve en el Congreso la castración química para agresores sexuales. Pero su cruzada choca con un pasado reciente: cuando dirigió el Banco Inmobiliario de Floridablanca, la entidad vivió un capítulo de presunto acoso sexual contra una funcionaria —hechos situados entre 2020 y 2021— y no se le escuchó una postura pública firme frente a esa crisis interna. Hoy, la pregunta es inevitable: ¿coherencia o oportunismo punitivo?
El presente: punitivismo en alta voz
Rueda ha publicitado su iniciativa de castración química como respuesta ejemplarizante frente a delitos sexuales. Ha difundido piezas y mensajes en sus redes presentándola como pena accesoria y medida terapéutica, dentro de un paquete de reformas que endurece el castigo.
El pasado inmediato: un director al mando en tiempos de denuncias
Antes de llegar a la Cámara (2022–2026), Rueda fue director del BIF. Documentos oficiales y su propia hoja de vida confirman que ejerció el cargo hasta el 5 de marzo de 2021. En ese interregno (2020–2021) se ubican los hechos por acoso sexual que hoy están judicial y disciplinariamente ventilados respecto de altos funcionarios del Banco (director encargado y exsecretario general), en perjuicio de una subalterna.
La Procuraduría formuló cargos disciplinarios por acoso sexual contra el exsecretario general del BIF —con señalamientos de comentarios degradantes y de connotación sexual— y hubo actuaciones penales recientes sobre el mismo universo fáctico. Periodísticamente, esos hechos han sido reportados de manera consistente desde 2023 a la fecha, con nuevas decisiones en 2025.
La grieta: discurso moral vs. responsabilidad de mando
No es un tecnicismo: quien dirige una entidad tiene deberes de prevención, reacción y sanción frente a violencias basadas en género. Esa es la vara con la que Rueda hoy pide medir a todo el país —y con razón—, pero es la misma varaque muchos ciudadanos le exigen aplicar retrospectivamente a su gestión en Floridablanca. ¿Qué protocolos hubo? ¿Qué acciones internas se tomaron? ¿Por qué no quedó memoria pública de una posición inequívoca del entonces director frente a esas denuncias? (La cronología oficial sitúa su salida días antes de que otro funcionario fuera encargado en la Dirección).
Hipocresía o inconsistencia estratégica
La lucha contra la violencia sexual no admite doble rasero. Es legítimo impulsar castigos más duros; es obligatorio garantizar entornos laborales seguros cuando se tiene poder de decisión. En el caso Rueda, la contradicción es política y ética: punitivismo maximalista de cara al electorado, opacidad cuando el problema tocó su propia puerta institucional.
Lo mínimo exigible
- Transparencia: publicar qué medidas adoptó el BIF bajo su dirección ante denuncias internas (protocolos, comités, sanciones, traslados, acompañamiento a la víctima).
- Coherencia: si se exige “tolerancia cero”, reconocer fallas de control o de reacción y corregir.
- Garantías: impulsar, además del castigo penal, prevención y debida diligencia en entidades públicas: rutas de atención, formación, auditorías de clima laboral, canales seguros de denuncia.
