Sicariato en zona rural de Piedecuesta expone falta de garantías y temor en comunidades
Nuevo homicidio en El Guamo refleja creciente inseguridad y ausencia de respuestas efectivas
PIEDECUESTA — "Ya no se puede salir tranquilos ni a trabajar en la vereda", denuncia José Luis Martínez, habitante de El Guamo, donde recientes hechos violentos, incluido el asesinato de un hombre aún sin identificar, han generado miedo y zozobra entre los campesinos del sector. La comunidad clama por mayor presencia policial y rutas claras para garantizar la seguridad rural.

La madrugada del jueves 4 de diciembre, un nuevo episodio de sicariato alteró la aparente calma de la vereda El Guamo. El cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego fue encontrado sobre una vía polvorienta; la Policía identificó que llevaba un casco y a metros se halló otro casco y la motocicleta al parecer utilizada para el desplazamiento. Aunque la Fiscalía investiga, la incertidumbre crece ante la falta de información y resultados en materia de seguridad en Piedecuesta rural.
Desde hace varios años, residentes de El Guamo y otras veredas aledañas denuncian que la violencia sicarial, hurtos y demás delitos han aumentado sin que las autoridades logren implementar estrategias efectivas para contrarrestar la inseguridad. "Muchas veces llamamos a la Policía y tardan horas en llegar, o simplemente no se ven nunca", critica María López, otra vecina preocupada por sus hijos.
"Nos sentimos abandonados y vulnerables. Ya no sabemos si el próximo llamado de atención será un disparo o una muerte"
— José Luis Martínez, habitante de El Guamo
Representantes de la comunidad y líderes locales han solicitado reuniones con las autoridades municipales y la Policía Metropolitana de Bucaramanga para demandar un plan coordinado de seguridad con presencia permanente y patrullajes frecuentes. Además, enfatizan la importancia de crear canales de comunicación directa y atención a los llamados de emergencia.
El concejal de la oposición, Álvaro Mendoza, cuestiona la aparente indefensión a la que están sometidas las localidades rurales del área metropolitana: "Estas muertes no son aisladas. Existe un patrón de creciente violencia que no enfrenta con eficacia la administración local. Es urgente implementar programas de prevención y control desde las comunidades".
Fiscalización de la respuesta estatal
Según datos de la Secretaría de Seguridad, la zona rural de Piedecuesta ha registrado un incremento del 25% en actos violentos en los últimos dos años, pero la ejecución de medidas concretas sigue siendo deficiente. El sistema de alertas comunitarias y la coordinación con la Policía Metropolitana muestran graves falencias, evidenciadas en la tardanza para atender emergencias.
Propuestas desde la academia y la comunidad
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan fortalecer las redes de vigilancia comunitaria y promover la formación de grupos de defensa civil rural, como estrategias complementarias a la acción policial. Estas medidas han tenido resultados positivos en zonas rurales de municipios antioqueños, donde la colaboración ciudadana aumentó la percepción de seguridad en un 40%.
- Implementar sistemas comunicativos basados en aplicaciones móviles con alertas tempranas de riesgo
- Capacitación y organización de veedurías ciudadanas para supervisar patrullajes y protocolos policiales
- Incorporar programas interinstitucionales con enfoque en prevención y justicia restaurativa en zonas rurales
La comunidad de El Guamo y otras veredas cercanas urge que estas propuestas no queden en el papel y que la administración local se comprometa públicamente con plazos claros y seguimiento ciudadano ante la alarmante inseguridad.
¿Lograrán las autoridades desplazarse más allá de los anuncios para garantizar la vida y la tranquilidad en las zonas rurales del área metropolitana? La pregunta queda abierta mientras las balas siguen silenciando voces en Piedecuesta.
Contexto adicional: En los últimos dos años, la inseguridad en la zona rural de Piedecuesta ha aumentado, según datos oficiales que reconocen un incremento del 25% en delitos violentos. Las comunidades denuncian falta de atención y respuesta rápida por parte de las autoridades.
Fuentes consultadas: Vecinos afectados, líderes comunitarios, concejales de oposición, expertos en seguridad de la UIS, Policía Metropolitana de Bucaramanga (versión oficial en contexto).