Seguridad en Cúcuta: comunidad exige respuestas tras doble atentado y críticas a estrategias estatales
Persistencia de la violencia en Cúcuta pone en jaque a la población y deja dudas sobre eficacia de la seguridad
CÚCUTA — María Gómez, residente del barrio Centro de Cúcuta, expresa la preocupación que tienen cientos de vecinos tras el doble atentado ocurrido esta semana que dejó dos policías muertos y dos heridos. "Vivimos con miedo, las explosiones no solo afectan a las autoridades, sino a todos los que transitamos por estas vías diariamente", declara mientras recuerda la interrupción del servicio eléctrico que afectó a su barrio por varias horas.
En los últimos meses, Cúcuta y algunos municipios del área metropolitana, como El Zulia y Villa del Rosario, han denunciado un aumento significativo en la violencia atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene un fuerte control en la región. Los ataques recientes evidencian la fragilidad de las estrategias estatales para garantizar la seguridad a la población y a las fuerzas policiales.
La Policía Metropolitana de Cúcuta asegura que los ataques son retaliaciones directas del ELN debido a operaciones contra esta guerrilla. Sin embargo, esta versión oficial se queda corta ante la persistencia violenta que ha dejado sin protección real a los ciudadanos, quienes con frecuencia se convierten en víctimas colaterales.
Vecinos y organizaciones comunitarias de Cúcuta expresan su frustración frente a lo que consideran ausencia de estrategias efectivas y denunciaron que los impactos de estos ataques van más allá de las fuerzas de seguridad: interrupción eléctrica, daños en infraestructura vial y daños a vehículos civiles, afectan también a comerciantes y residentes de la zona.
"Nos sentimos abandonados. La violencia recrudece y no vemos acciones claras ni seguimiento a los casos. Las autoridades prometen, pero seguimos expuestos a estos atentados"
— Juan Carlos Restrepo, dirigente comunitario de Villa del Rosario
El concejal opositor en la región ha cuestionado públicamente la falta de resultados concretos en la política de seguridad, señalando que la reiterada presencia del ELN demuestra la insuficiencia de los mecanismos actuales y la necesidad de revaluar la estrategia estatal.
Informes independientes de seguridad y academia sugieren que, a pesar de las constantes operaciones militares, la guerrilla del ELN sigue consolidando su influencia y el Estado no recupera el control completo en zonas clave del área metropolitana de Cúcuta.
Propuestas desde expertos y ciudadanía
Especialistas en seguridad de la Universidad de Santander (UDES) proponen un enfoque integral que combine inteligencia comunitaria, fortalecimiento de veedurías ciudadanas y mayor coordinación interinstitucional para desmantelar verdaderamente las estructuras armadas ilegales. Además, solicitan mayor inversión en programas sociales que reduzcan la adhesión a grupos al margen de la ley.
- Implementación de plataformas ciudadanas de denuncia con protección a testigos en Cúcuta y municipios aledaños.
- Fortalecimiento de las juntas de acción comunal para vigilar y reportar actividad sospechosa de manera ágil y coordinada.
- Creación de un comité interinstitucional con participación de sociedad civil para seguimiento público y transparente de las acciones de seguridad.
La comunidad y organizaciones sociales exigen que las promesas gubernamentales se traduzcan en hechos concretos y medibles, y no en discursos o llamados al diálogo que han quedado suspendidos indefinidamente.
¿Cuándo se implementarán políticas reales para proteger a la población de Cúcuta y su área metropolitana? La ciudadanía exige un compromiso claro, con resultados visibles y rendición de cuentas.
Contexto adicional: El historial de violencia en Cúcuta ha estado marcado por la presencia del ELN en al menos 231 municipios a nivel nacional, con Norte de Santander como uno de sus bastiones históricos. Las negociaciones de paz llevadas a cabo entre 2022 y 2025 quedaron estancadas tras nuevos actos violentos que mantienen la región en incertidumbre.
Fuentes consultadas: Habitantes de Cúcuta y municipios del área metropolitana, dirigentes comunitarios, concejales de oposición, expertos de la Universidad de Santander, Policía Metropolitana de Cúcuta (visto con escepticismo).
