Secuestros y violencia en el Catatumbo afectan también al área metropolitana de Bucaramanga
Incremento sostenido de secuestros en Catatumbo pone en jaque la seguridad regional y la gestión estatal
NORTE DE SANTANDER / CATATUMBO — Habitantes de Tibú y El Tarra, afectados por la inseguridad, denuncian que los constantes secuestros y desapariciones a manos del ELN y disidencias de las FARC deterioran la convivencia y aumentan el miedo. Doce personas permanecieron secuestradas por más de diez meses hasta su reciente liberación, pero los casos no cesan y la violencia se extiende generando preocupación incluso en el área metropolitana de Bucaramanga.
Desde enero del presente año, once personas, incluidas mujeres y un firmante del Acuerdo de Paz, permanecieron retenidas por el ELN en zonas rurales del Catatumbo. La liberación, coordinada por entidades humanitarias, evidencia la crisis de seguridad que atraviesa Norte de Santander, región con repercusiones directas en los municipios de Bucaramanga y su área metropolitana, afectando a familias que buscan garantías mínimas de vida.
Organismos regionales y voceros de víctimas alertan que el control territorial de grupos armados ilegales, como el ELN y disidencias, sigue intacto en la zona rural, y que las autoridades locales no han logrado implementar estrategias efectivas para frenar el incremento de desapariciones y homicidios, que solo la última semana superaron la decena solo en Tibú.
"Vivimos con miedo diario y sin respuestas claras. Los secuestros y desapariciones no paran, mientras los funcionarios prometen seguridad que no llega"
— Juan Carlos Ortiz, habitante de Tibú
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) informó que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados este año y otros seis permanecen desaparecidos, lo que refleja la violencia selectiva y la impunidad que persiste.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias exigen acceso pleno y garantizado a la zona para brindar atención y acompañamiento a las comunidades afectadas, lo que hasta ahora ha sido insuficiente por restricciones y falta de voluntad política.
Desde la administración regional se asegura que se trabaja para mejorar la seguridad, pero no se presentan datos verificables ni avances concretos en la reducción de los secuestros ni desapariciones en el Catatumbo.
Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos resaltan la urgencia de que la gobernación y la Alcaldía de Bucaramanga, junto a otras autoridades del área metropolitana, implementen un plan integrado y coordinado de seguridad y atención humanitaria con participación activa de las comunidades afectadas.
Fiscalización y propuestas ciudadanas:
Expertos en seguridad y derechos humanos proponen:
- Instaurar rutas seguras coordinadas con la comunidad para desplazamientos en zonas rurales y periurbanas.
- Fortalecer observatorios de violencia con apoyo de universidades locales para monitorear y reportar en tiempo real incidentes.
- Activar mesas de diálogo territorial con participación de víctimas, autoridades y organizaciones humanitarias internacionales.
La ciudadanía de la región, en especial de Bucaramanga y municipios vecinos como Floridablanca y Girón, exigen rendición de cuentas claras, planes con cronogramas públicos y mecanismos de control social para evitar que la violencia siga escalando y afectando a más familias.
Contexto adicional: Este 2025 ha sido uno de los años más violentos en Catatumbo en la última década, con un aumento notorio de secuestros, homicidios y desapariciones. La falta de respuesta efectiva estatal y coordinación con municipios del área metropolitana incrementa la vulnerabilidad de la población.
Fuentes consultadas: Víctimas directas y sus familias, organizaciones humanitarias, Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Defensoría del Pueblo, expertos independientes en seguridad regional.
