Secuestros y violencia en Catatumbo afectan a toda el área metropolitana de Bucaramanga: liberación no detiene crisis
Once liberados del ELN en Catatumbo, pero seguridad sigue en picada y afecta a Bucaramanga
BUCARAMANGA — Juan Carlos, residente en Floridablanca y familiar de una víctima de secuestro en Tibú, denuncia que la región del Catatumbo se hunde en violencia sin respuesta efectiva. "Liberan a once personas tras casi un año de cautiverio, pero la inseguridad sigue creciendo y eso nos afecta a todos en Santander", afirma. En esta zona rural, que refleja una problemática con impacto directo sobre el área metropolitana, las comunidades campesinas y urbanas viven el aumento de desapariciones y desplazamientos forzados.
Desde enero de 2025, el ELN mantuvo secuestradas a once personas en municipios de Tibú y El Tarra. La liberación, gestionada por una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, ONU, Iglesia Católica y Defensoría del Pueblo, no resuelve el problema estructural. Nueve hombres y dos mujeres fueron entregados en buen estado tras diez meses y dieciséis días, según fuentes eclesiásticas.
Este foco de violencia en el Catatumbo no sólo afecta a quienes están en la zona rural, sino que también genera impacto directo en Bucaramanga y su área metropolitana por el aumento de la inseguridad y el desplazamiento forzado, especialmente de firmantes del Acuerdo de Paz y pobladores vulnerables.
"Después de más de un año en esta situación, vemos que no hay garantías reales para la seguridad. El control armado continúa y la violencia no cesa", denuncia Juan Carlos, familiar de víctima de secuestro en Tibú.
— Juan Carlos, familiar de víctima en Floridablanca
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, alerta sobre el aumento en los secuestros y desapariciones en Tibú, vinculados al ELN y disidencias de las FARC. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que seis excombatientes firmantes de paz han sido asesinados y otros seis están desaparecidos durante el año, mientras 223 han tenido que desplazarse y 19 permanecen confinados por violencia.
El gobierno nacional y local aseguran que fortalecen la presencia institucional en el Catatumbo, pero la situación real muestra que la presencia estatal es insuficiente para contener el control armado y garantizar seguridad, como evidencian las más de diez desapariciones reportadas sólo en la última semana en Tibú.
Expertos y organizaciones civiles exigen estrategias de seguridad con participación comunitaria
El profesor Luis Gómez, experto en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS), propone un modelo integral de vigilancia comunitaria y diálogo social para restablecer la seguridad en la región, a diferencia de las respuestas meramente militares que no solucionan la raíz del conflicto.
- Implementar comités de vigilancia liderados por comunidades de los municipios afectados, con apoyo técnico y acompañamiento desde la academia.
- Promover procesos de reconciliación y espacios de diálogo donde se incluyan firmantes de paz y comunidades rurales vulnerables.
- Adoptar experiencias exitosas en desmovilización y normalización territorial de municipios en zonas de postconflicto en Colombia y países como Guatemala.
La Junta de Acción Comunal de Tibú ha solicitado reuniones con autoridades regionales para plantear un plan que contemple estas propuestas, pero hasta ahora no han recibido respuestas claras.
¿Seguirán las autoridades permitiendo que el Catatumbo siga siendo zona de guerra mientras Bucaramanga siente sus consecuencias? La ciudadanía exige acciones concretas, mecanismos de control con participación social y resultados verificables.
Contexto adicional: El aumento de secuestros y violencia en el Catatumbo es una problemática crónica que afecta la seguridad regional. La incapacidad estatal para contener el poder de grupos armados ilegales ha generado desplazamientos masivos y múltiples vulneraciones a los derechos humanos.
Fuentes consultadas: Voceros de víctimas en Norte de Santander, Junta de Acción Comunal de Tibú, Universidad Industrial de Santander, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, organismos humanitarios y familiares de víctimas. Versiones oficiales fueron contrastadas con testimonios directos.
