Secuestros y terror en Catatumbo: más de diez desapariciones en una semana preocupan a Norte de Santander
Violencia persistente y control armado amenazan la seguridad en Catatumbo y municipios vecinos
NORTE DE SANTANDER — Habitantes de Tibú y El Tarra viven entre el miedo y la incertidumbre. Ana María*, vecina del corregimiento El Tarra, denuncia que en su comunidad el terror no cesa pese a la reciente liberación de once personas que permanecieron secuestradas casi once meses. "Liberaron a algunos, pero el miedo sigue. Controlan las zonas rurales, desaparecen gente y nadie responde", afirma.
Una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, ONU, Iglesia Católica y Defensoría del Pueblo recibió a las once personas liberadas. Sin embargo, el alivio es parcial. Según el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, los liberados están bien, pero la región enfrenta un aumento constante en secuestros y desapariciones.
En lo que va del año, autoridades locales reportan más de diez desapariciones en Tibú relacionadas con el ELN y disidencias de las FARC. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en Norte de Santander también registra asesinatos y desapariciones entre firmantes del Acuerdo de Paz, lo que evidencia la persistencia de la violencia y la falta de garantías para la población.
"Aquí el problema no es solo la liberación, sino que el control territorial armado de estos grupos mantiene a las comunidades en constante riesgo. No hay presencia estatal efectiva ni procesos de protección reales"
— Juan Carlos Olguín Mayorga, vocero de víctimas en Norte de Santander
La versión oficial habla de gestiones humanitarias exitosas, pero las organizaciones civiles y líderes comunitarios cuestionan la ausencia de una estrategia integral de seguridad que controle efectivamente la región y garantice el respeto a los derechos humanos.
La violencia no cede y el acceso humanitario es limitado
Varios expertos en temas de conflicto armado y derechos humanos advierten que la ausencia del Estado en la zona favorece el dominio de grupos ilegales y dificulta la atención humanitaria. Organizaciones internacionales han solicitado sin éxito el acceso pleno para proteger a las comunidades y prestar ayuda efectiva.
Propuestas desde la sociedad civil y expertos independientes
Especialistas en derechos humanos y paz proponen:
- Implementar corredores humanitarios bajo supervisión internacional para garantizar acceso y protección.
- Fortalecer la presencia institucional con fuerzas especializadas comprometidas en la defensa de la ciudadanía y el respeto de derechos.
- Diseñar programas de protección y reparación para firmantes del Acuerdo de Paz afectados por la violencia.
Las comunidades exigen mecanismos reales de participación y monitoreo de la ejecución de estas medidas, que no se queden en anuncios sin resultados concretos.
Sin un compromiso claro y acciones contundentes, la región de Catatumbo seguirá siendo escenario de miedo, desapariciones y violaciones constantes de derechos humanos.
Contexto adicional: En 2025, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización reportó seis firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y seis desaparecidos en Norte de Santander. La presencia armada ilegal mantiene a comunidades rurales en control efectivo, limitando la seguridad y el desarrollo.
Fuentes consultadas: Víctimas y voceros de Norte de Santander, agencias humanitarias, expertos en derechos humanos, Iglesia Católica, fuentes oficiales con análisis crítico.
