Secuestros en el Catatumbo: familias en Tibú y El Tarra denuncian inseguridad y abandono estatal

Incremento de secuestros y desapariciones en Catatumbo evidencia falla del Estado y afecta a municipios de Norte de Santander

TIBÚ / EL TARRA — Doña Ana*, madre de uno de los liberados del cautiverio, expresa su angustia y rabia por el calvario que vivió su familia durante más de diez meses. "No es posible que en pleno 2025 sigamos viendo cómo grupos armados como el ELN secuestran y aterrorizan a nuestras comunidades sin que el Estado brinde protección efectiva", reclama desde el corregimiento La Gabarra en Tibú.

Once personas que permanecían secuestradas desde enero en zonas rurales de Catatumbo, específicamente en Tibú y El Tarra, fueron liberadas recientemente gracias a la gestión de una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la liberación expone una crisis de seguridad que no cesa en el área, donde los grupos armados ilegales mantienen control territorial y la violencia afecta a miles de familias.

Representantes de las víctimas y líderes comunitarios advierten que el incremento de secuestros, desapariciones y asesinatos, incluido el de firmantes del Acuerdo de Paz, refleja la ausencia de una estrategia real de protección y control territorial por parte del gobierno nacional y local. "La violencia no solo se queda en el Catatumbo; las consecuencias llegan hasta municipios vecinos y a la región metropolitana, generando desplazamientos forzados que afectan a Bucaramanga y áreas aledañas", señala Luis Martínez, vocero de una organización de desplazados en Floridablanca.

"Los grupos armados mantienen el control en las zonas rurales sin que exista una presencia efectiva del Estado. Seguimos viviendo en el miedo y esperando que se cumplan los acuerdos de paz con garantías reales"

— Hernán Gómez, líder comunitario en El Tarra

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) de Norte de Santander reporta seis excombatientes asesinados y otros seis desaparecidos en lo que va del año, lo que refleja la peligrosidad en la región para quienes decidieron dejar las armas. A pesar de estos hechos, las autoridades no han presentado un plan integral para frenar la violencia ni han facilitado el acceso humanitario pleno a las comunidades afectadas.

Fiscalización crítica a las autoridades

El reciente aumento de secuestros y desapariciones en Tibú y El Tarra contrasta con las promesas reiteradas de los gobiernos para garantizar la seguridad y la implementación efectiva de los acuerdos de paz. Sin embargo, las cifras indican un empeoramiento: solo en la última semana se registraron más de diez desapariciones que se atribuyen al ELN y a disidencias de las FARC en la zona.

Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) advierten que la falta de presencia estatal permanente y un modelo de control territorial asimétrico permiten que estos grupos continúen su accionar impune, afectando no solo a las víctimas directas sino a comunidades enteras en relación con la estabilidad socioeconómica regional.

Propuestas independientes para la crisis en Catatumbo

Especialistas en resolución de conflictos proponen varias medidas para afrontar la crisis actual en el Catatumbo, basadas en experiencias exitosas de otros países con situaciones similares:

• Implementar programas comunitarios de protección con veeduría ciudadana activa y participación de organizaciones de derechos humanos.
• Fortalecer la presencia estatal con unidades especializadas de seguridad coordinadas con los gobiernos locales para recuperar el territorio bajo control ilegal.
• Garantizar acceso humanitario sin restricciones para atender a la población desplazada y afectada con planes de apoyo social y salud integral.

Las comunidades de Tibú, El Tarra y otros municipios aledaños exigen que estas propuestas sean incluidas en un plan de acción urgente y que el Estado rinda cuentas claras sobre las medidas que implementará para garantizar la seguridad y la protección de sus habitantes.

¿Seguirán las autoridades permitiendo que la violencia y los secuestros sigan sacudiendo el Catatumbo sin respuesta efectiva? Los habitantes no solo piden seguridad, sino soluciones verificables y presencia real del Estado en el territorio.

Contexto adicional: 223 firmantes del Acuerdo de Paz en Norte de Santander están desplazados forzadamente y al menos 19 permanecen confinados debido a la violencia. El año 2025 ha registrado al menos seis asesinatos y seis desapariciones de excombatientes, según la Agencia para la Reincorporación y Normalización.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios, víctimas afectadas, Agencia para la Reincorporación y Normalización, expertos en seguridad UIS, organizaciones humanitarias y Comisión Humanitaria regional.