Secuestros en Catatumbo siguen y Bucaramanga vive la sombra de la violencia: once liberados tras 11 meses
Liberación en Catatumbo no frena ola de secuestros y violencia que también inquieta a Bucaramanga y su área metropolitana
NORTE DE SANTANDER / CATATUMBO — María Gómez, familiar de una de las personas liberadas tras casi 11 meses de cautiverio, reclama justicia real: "Liberaron a mi hermano, pero ¿qué pasa con tantos otros desaparecidos y secuestrados? Aquí seguimos con miedo y sin garantías." La liberación de once personas secuestradas por el ELN en los municipios de Tibú y El Tarra no calma una región donde la inseguridad se agudiza, y los ecos de la violencia llegan hasta Bucaramanga y su área metropolitana.
Tras diez meses y dieciséis días de cautiverio, nueve hombres y dos mujeres, residentes de Tibú y El Tarra, fueron entregados a una misión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo. Aunque el obispo de Tibú afirmó que llegaron en buen estado, la situación de seguridad extrapola esta noticia puntual y no hay señales claras de que los secuestros cesen.
Representantes de víctimas y organizaciones humanitarias denuncian un alarmante incremento de los secuestros en Catatumbo. Olguín Mayorga, vocero de las víctimas, advierte que grupos armados ilegales mantienen un control territorial que afecta directamente la seguridad ciudadana, una amenaza que también repercute en los municipios cercanos a Bucaramanga.
"Las liberaciones no deben ser usadas para maquillar la realidad. Los secuestros no paran y las autoridades muestran poca capacidad para frenar esta ola de violencia"
— Juan Carlos Ramírez, líder comunitario en Tibú
Además, en la última semana se reportaron más de diez desapariciones en Tibú atribuibles al ELN y a disidencias de las FARC. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en 2025 seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados y otros seis permanecen desaparecidos. 223 firmantes se han desplazado y 19 siguen confinados por la violencia en la región.
Fiscalización de datos y situación actual
El contexto muestra un Estado ausente o incapaz de garantizar la seguridad en zonas rurales del Catatumbo. Mientras se anuncian liberaciones, la impunidad y la violencia continúan en aumento sin respuestas concretas. La ARN ha denunciado que la reducción de la violencia es mínima y los desplazamientos forzados persisten.
Soluciones desde expertos y experiencias regionales
Expertos en seguridad y derechos humanos, como el profesor Hernando Ortiz de la Universidad Industrial de Santander, insisten en la necesidad de un plan integral que incluya:
- Desmilitarización acompañada de presencia efectiva de instituciones civiles en el territorio
- Acceso pleno y sin restricciones a organismos humanitarios para protección y atención a víctimas
- Implementación de programas de paz con participación activa de comunidades, para romper el control territorial de grupos armados
El líder social Javier Herrera, desde el área metropolitana de Bucaramanga, exige que las políticas de seguridad incluyan a las comunidades afectadas, con un enfoque coordinado entre municipios y el departamento.
¿Se logrará un cambio real que beneficie tanto a Catatumbo como a la región metropolitana? La ciudadanía reclama acciones claras, tiempos definidos y transparencia en el seguimiento.
Contexto adicional: En 2025, la región de Catatumbo ha sufrido un aumento en secuestros y desapariciones, afectando incluso a firmantes del Acuerdo de Paz. La situación influye en toda la región de Santander, incluyendo Bucaramanga y su área metropolitana.
Fuentes consultadas: Familiares de víctimas, líderes comunitarios del Catatumbo, ONG de derechos humanos, Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), expertos en seguridad de la UIS, fuentes oficiales, en ese orden de prioridad.
