Secuestros en Catatumbo: liberación parcial mientras la violencia mantiene en zozobra a Santander
Catatumbo sigue bajo control ilegal de grupos armados, mientras seguridad en Santander se ve amenazada
NORTE DE SANTANDER / ÁREA METROPOLITANA — Doce años después de la firma del Acuerdo de Paz, Martha González, habitante de un corregimiento cercano a la frontera con Santander, denuncia que los secuestros y desapariciones en la región del Catatumbo afectan también a las comunidades del área metropolitana de Bucaramanga. "Aunque liberaron a once personas que estaban secuestradas desde enero, la violencia no da tregua. Aquí no hay garantías para la seguridad y la paz", afirma con preocupación.
Después de diez meses y 16 días de cautiverio, el ELN liberó a nueve hombres y dos mujeres residentes en Tibú y El Tarra. La comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo recibió a los liberados, quienes se reencontraron con sus familias. Entre ellos se encuentra un firmante del Acuerdo de Paz, hecho que refleja la vulnerabilidad de quienes apostaron por la reconciliación.
Sin embargo, esta liberación no oculta la difícil realidad en la región: el incremento de secuestros y desapariciones, especialmente en municipios como Tibú, donde en una sola semana se registraron más de diez casos atribuidos a grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC. Según Olguín Mayorga, vocero de las víctimas, "los grupos ilegales mantienen control territorial en amplias zonas rurales, complicando la situación para las comunidades locales y poniendo en riesgo a la seguridad ciudadana en áreas cercanas a Santander".
"Las liberaciones son importantes, pero la violencia persiste y nadie asegura el retorno seguro ni la protección para nuestra gente"
— Juan Camilo Rojas, líder comunitario en el Catatumbo
Mientras tanto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reporta que seis excombatientes firmantes de paz fueron asesinados y otros seis continúan desaparecidos en la región. De los 223 firmantes que se desplazaron, 19 permanecen confinados por la violencia, lo que evidencia que las garantías prometidas en el Acuerdo no se cumplen.
Fiscalización y vigilancia ciudadana
Líderes de la sociedad civil y veedurías regionales insisten en exigir acceso pleno y seguro a la región para organismos humanitarios. La falta de presencia estatal y de garantías básicas mantiene a las comunidades en un estado de vulnerabilidad constante.
Recomendaciones desde la academia y organizaciones independientes
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander proponen un plan integral para restablecer el orden y la seguridad, que incluye:
- Implementación de mesas de diálogo territorial con presencia directa de la comunidad y organismos multilaterales
- Fortalecimiento de las capacidades de la Policía y la Fiscalía con enfoque territorial y de derechos humanos
- Programas de protección y apoyo legal para excombatientes y testigos claves, con acompañamiento internacional
Estas medidas han sido exitosas en regiones con dinámicas similares en Cauca y Nariño, y podrían adaptarse a las condiciones del Catatumbo y zonas limítrofes con Santander.
La comunidad y las organizaciones sociales instan a las autoridades nacionales y regionales a cumplir con sus responsabilidades, brindar garantías reales y que el acceso humanitario no siga siendo una promesa incumplida.
Contexto adicional: Desde la firma del Acuerdo de Paz, el Catatumbo ha sido epicentro de violencia persistente, con aumento de secuestros y desplazamientos que afectan también al área metropolitana de Bucaramanga. La ejecución de políticas públicas ha sido insuficiente para frenar el control territorial ilegal y proteger a la población.
Fuentes consultadas: Comisión humanitaria, líderes comunitarios del Catatumbo, Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), expertos en seguridad de la UIS, testimonios de comunidad afectada.
