Secuestros en Catatumbo evidencian fracaso del Estado: once personas liberadas tras 10 meses de cautiverio pero violencia crece en Norte de Santander
Incremento alarmante de secuestros y violencia persiste pese a liberación humanitaria en Catatumbo
NORTE DE SANTANDER — María Gómez, residente de Tibú, expresa preocupación y dolor porque la violencia que obliga a secuestros en su municipio no cesa. Aunque once personas, entre ellas un firmante del Acuerdo de Paz, fueron liberadas tras más de diez meses cautivas en la zona del Catatumbo, la comunidad exige acciones concretas para garantizar la seguridad y el acceso humanitario en la región.
Desde enero, once personas permanecían secuestradas en los municipios de Tibú y El Tarra, zonas controladas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, grupos armados que continúan imponiendo su dominio en sectores rurales sin que el Estado garantice autoridad efectiva.
La liberación, gestionada por una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo, representa un avance puntual pero no una solución estructural a la crisis de seguridad que vive esta región del Catatumbo.
Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander, denunció que los grupos armados ilegales mantienen el control territorial y afectan gravemente la seguridad ciudadana, mientras las autoridades locales registran reportes constantes de desapariciones y secuestros atribuidos a estos grupos.
"No podemos seguir viviendo en zozobra mientras estos grupos ilegales actúan con impunidad y el Estado sigue sin controlar la región. Exigimos presencia estatal real y acceso humanitario sin restricciones"
— Olguín Mayorga, vocero de las víctimas en Norte de Santander
Datos recientes de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) revelan que seis excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y otros seis permanecen desaparecidos sólo en lo que va del año, mientras que más de doscientos se han desplazado y decenas continúan confinados a causa de la violencia.
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) alertan sobre la necesidad de estrategias integrales que combinen vigilancia territorial comunitaria con apoyo institucional para garantizar protección y facilitar el acceso de organismos humanitarios.
Propuestas desde la academia y comunidades afectadas
Entre las recomendaciones, figura la creación de redes de monitoreo comunitario apoyadas por tecnología de georreferenciación y la coordinación entre autoridades, organizaciones civiles y líderes locales para fortalecer la confianza y reportar irregularidades en tiempo real.
- Implementación de sistemas de alerta temprana con participación ciudadana, como ha funcionado en casos similares en otras regiones del país.
- Promoción de corredores humanitarios seguros para garantizar la atención y asistencia a comunidades vulnerables.
- Fortalecimiento de programas de reintegración y protección para excombatientes firmantes de paz y sus familias.
La ciudadanía exige a las autoridades regionales y nacionales cumplir con sus obligaciones constitucionales y establecer cronogramas públicos que permitan monitorear avances concretos y evaluar resultados en materia de seguridad y derechos humanos.
Contexto: Norte de Santander permanece afectado por la presencia y control territorial de grupos armados ilegales, con constante aumento de secuestros, desapariciones y asesinatos selectivos, especialmente en municipios del área metropolitana. La falta de una presencia estatal efectiva ha generado desplazamiento y confinamiento de excombatientes y comunidad civil.
Fuentes consultadas: Voceros de víctimas, organizaciones humanitarias, expertos en seguridad UIS, Agencia para la Reincorporación y Normalización, comunidades de Tibú y El Tarra.
