Se cae el topo ladrón en El Playón, pero sigue aferrado al poder el descarado

El cerco judicial contra el alcalde de El Playón, Luis Ambrosio Alarcón López, conocido en la región como ‘Topito’, se cerró este jueves sin espacio para interpretaciones: el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó en segunda instancia la condena por las maniobras irregulares que lo llevaron a apropiarse de recursos públicos y a firmar contratos saltándose requisitos esenciales de la contratación estatal.

La sentencia, que ratifica siete años y tres meses de prisión, una multa que supera los 150 salarios mínimos y la inhabilidad intemporal para ocupar cargos públicos, marca el capítulo más contundente de un proceso que por años había sido comentado en los pasillos del municipio como “el secreto a voces” de la corrupción local.

La lectura del fallo, hecha por la magistrada Soraida García Forero, desmonta por completo el relato de defensa con el que Alarcón intentó justificar la firma de títulos valores y el uso de recursos estatales sin sustento legal. El Tribunal respaldó la decisión del Juzgado Once Penal del Circuito, que encontró probado que el alcalde suscribió una factura cambiaria por más de $4 millones y una letra de cambio por $11 millones a favor de terceros, aparentando obligaciones institucionales que nunca fueron registradas en el plan de desarrollo ni en el plan de adquisiciones del municipio. Esas deudas, que él mismo generó y nunca pagó, terminaron siendo asumidas por la Alcaldía, generándole un detrimento patrimonial superior a los $35 millones.

La conclusión judicial fue clara: Alarcón actuó con dolo, se apropió de recursos públicos y utilizó la figura de la emergencia y la programación de las fiestas municipales para mover contratos y títulos sin soporte legal. No fue un error administrativo ni un descuido: fue un esquema irregular ejecutado desde la autoridad misma.

A pesar de la contundencia de la sentencia, ‘Topito’ seguirá, por ahora, en la silla de alcalde. Su abogado presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que suspende temporalmente la ejecución de la pena. Ese respiro procesal —que no anula la condena— lo mantiene aún ejerciendo funciones, una paradoja que ha generado incomodidad entre habitantes que ven con desconcierto cómo un mandatario condenado por peculado y contratación ilegal continúa firmando actos administrativos como si nada hubiera pasado.

La defensa insiste en que el Tribunal “no valoró pruebas esenciales”, pero los fallos consecutivos, sumados a las actuaciones documentadas desde 2009, dibujan una trayectoria que la justicia ya calificó en dos instancias como penalmente responsable. Alarcón, quien completa su tercer periodo como alcalde de El Playón, enfrenta ahora el episodio más decisivo de su carrera política: si la Corte Suprema confirma la condena, el municipio quedará ante la caída definitiva de un mandatario que transformó su poder territorial en un terreno fértil para decisiones arbitrarias y manejos indebidos.

Mientras tanto, en las calles del municipio el comentario es uno solo: cayó el esquema, cayó el disfraz, cayó la fachada. Y aunque siga sentado en el cargo, la justicia ya lo dejó claro: Luis Ambrosio Alarcón no solo incumplió la ley; abusó de ella para beneficio propio.