Santurbán: sujeto de derechos con el respaldo de la Gobernación de Santander

El Tribunal de Santander falló a favor del páramo, mientras el gobernador Juvenal Díaz asume con seriedad su defensa y denuncia el uso politiquero que ciertos sectores le han dado a esta joya natural.

En un fallo que marca un antes y un después en la historia ambiental de Colombia, el Tribunal Administrativo de Santander reconoció al páramo de Santurbán como sujeto de derechos, es decir, como una entidad viviente merecedora de protección jurídica, ambiental y social. Con esta decisión, se abre una nueva ventana legal para proteger uno de los ecosistemas más frágiles y vitales del país, fuente de agua para más de dos millones de personas.

Pero mientras el fallo celebra la protección jurídica del páramo, el panorama político que lo rodea sigue siendo turbio y decepcionante. Durante más de una década, el llamado “Comité de Santurbán” ha secuestrado el discurso ambiental, utilizándolo como trampolín político y herramienta de presión clientelista, en vez de canal genuino de defensa de lo común.

Juvenal Díaz: liderazgo sin doble discurso

Desde el inicio de su mandato, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha demostrado un compromiso real y técnico con la protección del páramo. Lejos de las arengas vacías, ha trabajado por la construcción de una gobernanza ambiental seria, basada en ciencia, comunidad y soberanía hídrica.

Díaz ha denunciado públicamente que ciertos sectores enquistados en el Comité de Santurbán han manipulado este ecosistema con fines políticos, aliándose con el gobierno nacional y sus redes clientelistas para conseguir contratos, cuotas de poder y protagonismo mediático.

Mientras tanto, quienes se dicen “defensores” del páramo lo han convertido en un botín, oponiéndose ciegamente a cualquier intervención sin proponer alternativas reales para las comunidades que aún dependen de la minería de subsistencia. El resultado ha sido el estancamiento de proyectos de reconversión productiva, abandono institucional en las zonas de amortiguación y falta de planificación seria en la gestión del territorio.

El fallo: una victoria jurídica, no necesariamente política

El fallo del Tribunal, liderado por el magistrado Iván Fernando Prada, ordena la protección integral del páramo, con medidas claras y plazos concretos. Entre ellas:

• Diseño de zonas de transición ecológica para garantizar el agua.
• Prohibición de nuevas licencias ambientales en la zona protegida.
• Reconversión productiva y erradicación de minería ilegal.
• Creación de comités de veeduría con participación de academia y comunidad.

Pero la pregunta clave es: ¿quién va a vigilar que estas medidas no terminen secuestradas por el mismo grupo de presión que ha capitalizado políticamente al páramo por años?

La paradoja de Santurbán

Resulta paradójico que, mientras se reconoce jurídicamente al páramo como un “ser viviente”, sus verdaderos enemigos no están solamente en las multinacionales, sino también en las organizaciones que lo han utilizado para figurar en campañas políticas, presionar al gobierno nacional y repartir prebendas. La defensa del agua y la vida no puede seguir en manos de quienes han convertido el ambientalismo en un feudo.

Lo que está en juego no es solo el agua, sino la dignidad de los territorios, el derecho a una gobernanza ambiental participativa, sin manipulaciones, sin imposiciones ideológicas ni oportunismos de turno.

¿Y ahora qué?

Con este fallo, se espera que el Ministerio de Ambiente, la ANLA y demás entidades actúen con rigor y transparencia, no como antes, cuando sus decisiones parecían dictadas desde los escritorios de ONGs alineadas con ciertos partidos.

Es momento de que la sociedad civil recupere el control del discurso ambiental, pero no a través de voceros eternizados en sus cargos, sino desde una ciudadanía crítica, informada y capaz de exigir rendición de cuentas tanto a las multinacionales como a los autoproclamados salvadores del páramo.

El páramo de Santurbán ya no necesita mártires ni caudillos, sino instituciones fuertes, políticas públicas con enfoque territorial, y líderes como Juvenal Díaz, que entiendan que la defensa del agua no se grita: se construye con hechos.