Santander y municipios PDET: prórroga hasta 2037 genera escepticismo ante violencia y abandono persistentes
Prórroga de PDET por 10 años: ¿Garantía real para municipios de Santander afectados por la violencia?
SANTANDER — Jaime Torres, habitante de la vereda El Porvenir en San Vicente de Chucurí, municipio PDET en Santander, expresa su preocupación: "Llevamos años esperando que los proyectos se vean en resultados reales. La violencia de grupos ilegales crece y el abandono estatal sigue siendo palpable. Esta prórroga hasta 2037 suena bien, pero necesitamos hechos concretos, no solo más papeles".
La aprobación en Senado de la prórroga para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037 fue presentada como un avance para garantizar recursos y proyectos en territorios históricamente golpeados por la violencia, pobreza y abandono estatal.
Sin embargo, estos mismos municipios, incluidos varios en Santander, siguen enfrentando retos graves: la persistencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales, altos índices de pobreza estructural y lentitud en la ejecución de proyectos.
"Nos prometen desarrollo, pero mientras tanto, el ELN y otras disidencias avanzan, controlando territorio y sembrando miedo entre campesinos y jóvenes"
— Carmen Herrera, lideresa social en San Vicente de Chucurí
Desde la bancada del Pacto Histórico, senadores como Wilson Arias defienden la extensión como una muestra de compromiso con las regiones. No obstante, datos recientes de la Fundación Ideas para la Paz revelan incrementos en la presencia de disidencias: el Frente comandado por alias Calarcá creció un 16% entre diciembre de 2024 y junio de 2025, mientras que el Clan del Golfo aumentó su control en un 18%, afectando varios municipios PDET en Santander.
La ejecución presupuestal también muestra un panorama preocupante: de los más de 14 billones anunciados en inversiones, varias comunidades denuncian que los proyectos aún no se reflejan en mejoras palpables de infraestructura, seguridad o bienestar social.
Expertos independientes y veedurías ciudadanas cuestionan la transparencia y la falta de seguimiento.
Según Juan Camilo Sánchez, politólogo de la Universidad Industrial de Santander (UIS), "la extensión del programa sin mecanismos claros de fiscalización ni transformación real puede prolongar el abandono y la impunidad. Se requiere un modelo que incluya control ciudadano efectivo y evaluación periódica con indicadores claros".
- Implementación de veedurías comunitarias con acceso a información pública y potestad para sancionar incumplimientos.
- Integración de planes de desarrollo con estrategias efectivas de desarme y convivencia en los territorios.
- Adopción de modelos de participación ciudadana probados en regiones similares de Colombia y América Latina.
Las comunidades afectadas y organizaciones sociales exigen rendición de cuentas claras, cronogramas públicos y mesas de diálogo permanentes con autoridades nacionales y locales para garantizar que la prórroga sea un verdadero instrumento de transformación.
Contexto adicional: Los PDET implementan desde 2017 proyectos en 170 municipios, incluido San Vicente de Chucurí en Santander, pero persisten altos niveles de violencia y control armado ilegal. La Fundación Ideas para la Paz reporta incrementos recientes en la actividad de grupos al margen de la ley en estas regiones.
Fuentes consultadas: Habitantes de municipios PDET en Santander, Fundación Ideas para la Paz, expertos de la UIS, lideresas sociales, bancada de senadores del Pacto Histórico.
