Santander responde con firmeza: se refuerza la seguridad en la región del Pienta y se ofrecen recompensas para destruir al ELN
El mensaje de Santander es claro: no habrá espacio para el terrorismo del ELN. Con Ejército en las calles, recompensas en marcha y presión ciudadana, el objetivo es uno solo: destruir a la guerrilla y devolver la tranquilidad a las comunidades del Pienta y de todo el departamento.
Tras el asesinato de un comerciante en Charalá atribuido al ELN, la Gobernación de Santander desplegó medidas extraordinarias de seguridad y lanzó recompensas para dar de baja a los responsables.
La violencia terrorista del ELN vuelve a golpear a Santander, esta vez en la región del Pienta, donde el grupo armado se adjudicó el homicidio de un comerciante en Charalá. Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación de Santander, en articulación con la Fuerza Pública, activó un plan de choque para garantizar el control territorial y frenar las amenazas de esta organización criminal.
El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, confirmó que se instalaron nuevos puestos de control en Coromoro y Encino, sumados al despliegue de dos unidades adicionales del Ejército Nacional que reforzarán la seguridad y acompañarán las investigaciones judiciales.
“Se tomaron decisiones contundentes para garantizar la tranquilidad de las familias. El Ejército ya tiene puntos de control permanentes y, con el apoyo de la Fiscalía y la Policía, vamos a golpear de frente a quienes extorsionan y asesinan en Santander”, advirtió el funcionario.
Como parte de la estrategia, la Gobernación anunció recompensas de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de responsables de homicidios y extorsiones en la provincia de Guanentá. En el área metropolitana de Bucaramanga, los montos alcanzan 50 millones de pesos, lo que refleja la ofensiva contra los cabecillas del ELN.
En paralelo, durante operativos de control en Bucaramanga, la Policía identificó a un ciudadano venezolano con tatuajes alusivos a armas de fuego y al grupo AK-47, con antecedentes criminales. Tras ser verificado por Migración Colombia, fue expulsado y entregado a las autoridades de su país.
La Gobernación recalcó que la seguridad no se puede dejar solo en manos de la Fuerza Pública: la denuncia ciudadana será clave para derrotar a la guerrilla y acabar con décadas de miedo e intimidación.
