Santander: prórroga PDET despierta dudas entre comunidades por falta de supervisión y seguridad

Prórroga de 10 años para PDET mantiene viva esperanza pero persisten lagunas en control, ampliación y seguridad en Santander

PIEDECUESTA/SANTANDER — Carlos Ramírez, campensino de la vereda El Guayabal en Piedecuesta, cuestiona el impacto real de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). "Han pasado casi 8 años desde que comenzaron y seguimos viendo el mismo abandono estatal, las amenazas de grupos armados y poca claridad en los recursos", asegura. La reciente prórroga hasta 2037 aprobada en el Senado genera incertidumbre en las comunidades rurales y municipios afectados de Santander, que no ven hasta ahora resultados claros ni fiscalización ciudadana.

Los PDET se aprobó en 2017 para transformar regiones históricamente afectadas por violencia y pobreza. Aunque el programa incluye municipios de Santander como parte de Piedemonte Caqueteño, la ejecución ha sido irregular y sus beneficios invisibilizados por la falta de seguimiento participativo y condiciones de inseguridad. El proceso de planificación participativa convocó a miles en la región, pero poco se ha reflejado en mejoras reales.

La administración nacional anunció que la prórroga hasta 2037 permitirá inversiones continuas y corregirá bloqueos administrativos que han frenado proyectos. Sin embargo, esta promesa es escéptica para habitantes de Santander, quienes denuncian que el crecimiento de cultivos ilícitos y la presencia de disidencias armadas como las de Iván Mordisco generan un clima de miedo y abandono que no se aborda adecuadamente.

"El Estado anuncia planes y más planes, pero aquí en el Guayabal seguimos esperando acompañamiento real y seguridad para trabajar tranquilos"

— Carlos Ramírez, campesino y líder comunitario vereda El Guayabal, Piedecuesta

Organizaciones sociales y expertos independientes coinciden en que la ausencia de mecanismos claros de control ciudadano y la insuficiente transparencia en la ejecución presupuestal limitan el impacto del programa. La veeduría Comunitaria de Santander ha alertado sobre incumplimientos en cronogramas y falta de informes públicos detallados.

Los datos oficiales indican más de 2.000 proyectos ejecutados con una inversión superior a 14 billones de pesos, y sustitución de cultivos ilícitos en 46.092 hectáreas a nivel nacional. No obstante, expertos como la politóloga María Gómez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga advierten que estas cifras no reflejan la realidad en muchos territorios afectados, donde la violencia y la pobreza persisten como obstáculos estructurales.

Desde la academia y la sociedad civil proponen soluciones concretas:

• Implementación de modelos efectivos de veeduría ciudadana con acceso en tiempo real a avances de obra y recursos, tal como se ha logrado en zonas rurales de Antioquia.
• Fortalecimiento de comités locales de planificación participativa que incluyan a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas para que decidan prioridades y exijan rendición de cuentas.
• Programas integrales de seguridad y desarrollo alternativo basados en experiencias exitosas en Cauca, que articulen acciones institucionales con presencia comunitaria para enfrentar economías ilícitas.

La comunidad y las organizaciones sociales del área metropolitana exigen a la administración nacional y departamental que presenten cronogramas claros, información pública constante y mecanismos reales de control social, antes de otorgar nuevas prórrogas que puedan convertirse en perpetuidad de un programa que hasta ahora no ha cumplido con transformar el territorio.

Contexto adicional: Desde 2017, los municipios PDET en Santander enfrentan altos niveles de pobreza y violencia con avances limitados y poca participación ciudadana en su seguimiento. La presencia creciente de grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de Iván Mordisco, agrava la inseguridad en zonas rurales del área metropolitana.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Piedecuesta, Veeduría Ciudadana de Santander, expertos académicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, informes de la Fundación Ideas para la Paz y datos oficiales del Senado.