Santander enfrenta crisis de seguridad y justicia tras fallas del proceso de paz nacional: ciudadanos exigen respuestas
Entre impunidad y aumento de cultivos ilícitos, Bucaramanga y su área metropolitana viven las consecuencias llenas de miedo y desconfianza
BUCARAMANGA — "Las promesas de paz nunca llegaron a nuestros barrios. Aquí seguimos viendo cómo la inseguridad aumenta y nadie responde por los crímenes de ayer y hoy", expresa María Gómez, residente de Floridablanca, quien ha perdido familiares por violencia relacionada con disidencias armadas que operan en Santander.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió una durísima carta en contra del gobierno de Juan Manuel Santos y del Acuerdo de Paz con las FARC, acusando al proceso de generar impunidad para los responsables de crímenes atroces y contribuir al crecimiento explosivo de cultivos ilícitos en Colombia, que alcanzaron cerca de 300.000 hectáreas este año, según sus afirmaciones.
En Santander, donde comunidades como las de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta han sufrido el embate de estructuras criminales y la persistencia de cultivos ilegales, la conflictividad social no ha disminuido, y muchas familias viven con miedo ante la sensación de que la justicia es sólo un anuncio.
La administración nacional asegura que el proceso de paz es un avance histórico, pero para los afectados en el territorio, la falta de verdad, justicia y reparación concreta se siente como un abandono. En Bucaramanga, comunidades y organizaciones sociales cuestionan la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y denuncian que militares deben pedir perdón así no hayan cometido delitos, mientras que excombatientes gozan de beneficios políticos, exacerbando la desconfianza en las instituciones.
"Aquí en Bucaramanga vemos que los procesos no traen paz; los que cometieron crímenes están libres y los que defendieron al país están siendo juzgados injustamente. Eso rompe la confianza en la justicia",
— Carlos Roldán, líder comunitario de Girón
Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander expresan preocupación por el aumento descontrolado de cultivos ilícitos en la región y la expansión de grupos disidentes que amenazan la tranquilidad de municipios del área metropolitana. Plantean que el gobierno central ha subestimado este fenómeno y no ha entregado estrategias integrales que consideren el contexto económico y social local.
La Fiscalía, por su parte, continúa investigaciones por datos que apuntan a una financiación ilegal en campañas políticas, otro factor que genera desconfianza entre los ciudadanos de Santander respecto a la transparencia en la administración pública.
Verificación y contexto
Los datos oficiales sobre cultivos ilícitos en Santander muestran un crecimiento del 50% en algunas zonas del área metropolitana en los últimos cinco años. Sin embargo, el presupuesto para programas de erradicación y sustitución ha sido irregular y con reportes de baja ejecución. La deuda pública nacional también escaló a niveles récord, complicando asignaciones presupuestales para seguridad y desarrollo social en el departamento.
Alternativas desde expertos y academia
Expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UIS proponen modelos de justicia restaurativa y trabajo comunitario que han dado resultados en otros territorios con conflictos similares, como el norte de Argentina y algunas zonas en Centroamérica:
- Implementación de veedurías comunitarias con participación activa en procesos judiciales para garantizar transparencia.
- Programas de desarrollo rural integral que incluyan sustitución de cultivos con incentivos económicos sostenibles.
- Fortalecimiento del trabajo interinstitucional entre fuerzas policiales, organizaciones sociales y academia para estrategias de seguridad focalizadas.
La sociedad civil en Bucaramanga y municipios cercanos demanda que dichas propuestas no queden en el papel y sean evaluadas públicamente con participación ciudadana.
Los habitantes del área metropolitana ya no aceptan discursos sin hechos. Exigen resultados claros y rendición de cuentas real: ¿cuándo se verá un verdadero avance en seguridad y justicia, y un compromiso transparente con la paz en Santander?
Contexto adicional: El proceso de paz con las FARC ha sido objeto de controversias nacionales y locales, con denuncias de incumplimiento en justicia y reparación. Santander vive aún los impactos de la violencia y narcotráfico pese a promesas gubernamentales reiteradas.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Bucaramanga y área metropolitana, organizaciones de derechos humanos, expertos en seguridad de la UIS, Fiscalía, testimonios de ciudadanos afectados, documentos oficiales del proceso de paz.
