Retenes ilegales y secuestros recrudecen la crisis humanitaria en el Catatumbo
El Catatumbo clama por auxilio: retenes ilegales, secuestros y desapariciones forzadas se han convertido en el nuevo rostro de una crisis humanitaria que el Estado no logra contener.
El Catatumbo vive una de sus etapas más críticas en materia de seguridad. Siete meses después del inicio de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC, los retenes ilegales, los secuestros y las desapariciones forzadas se han convertido en parte del día a día de miles de campesinos que sobreviven bajo el control territorial de los grupos armados.
La confrontación ha dejado un saldo dramático: más de 72.000 personas desplazadas, 150 homicidios y al menos 2.000 personas en confinamiento. A esta tragedia se suman los nuevos métodos de intimidación contra las comunidades rurales, que denuncian toques de queda arbitrarios, requisas ilegales y violación a la intimidad de los pobladores.
Retenes y control social
Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), confirmó tras visitas de verificación que los retenes ilegales se han multiplicado en municipios como Tibú, donde los transeúntes son obligados a entregar sus teléfonos para ser revisados por los armados. “Estamos frente a un control social extremo. No solo hay restricciones a la movilidad, sino también prácticas abusivas que vulneran derechos básicos”, advirtió.
El dirigente también alertó sobre la desaparición forzada como fenómeno creciente, con mayor incidencia en los corredores rurales entre Convención y Ocaña, Tibú y La Gabarra, y Tibú – Cúcuta, donde se han registrado múltiples denuncias, aunque aún sin cifras oficiales consolidadas.
Líderes sociales en riesgo
La fundación Paz y Reconciliación, a través de su investigador Francisco Daza, exigió al Gobierno Nacional medidas urgentes para proteger a líderes sociales y comunales. “La violencia en el Catatumbo es estructural. El Estado ha fallado en garantizar seguridad, no solo a defensores de derechos humanos, sino también a los firmantes de paz. Aquí la vida sigue en altísimo riesgo y las medidas preventivas son inexistentes”, señaló.
Mesa humanitaria: exigencia de mínimos
Ante la escalada de violencia, el próximo 5 de septiembre en Tibú se desarrollará una sesión ampliada de la mesa humanitaria, donde organizaciones sociales y comunidades exigirán el respeto de los mínimos humanitarios. Será también el acto de apertura de la Semana por la Paz, en la que se espera que el Gobierno dé respuestas concretas más allá de los discursos.
