Puente de papel: Tribunal condena a Alcaldía de Cepitá y Gobernación por obra que colapsó semanas después de inaugurada
El fallo del Tribunal no solo marca un precedente en materia de responsabilidad compartida, sino que también deja sobre la mesa la necesidad de reforzar la vigilancia a los contratos de infraestructura en zonas rurales.
Por Redacción Voz Oriente
Cepitá, Santander – julio 22 de 2025
Lo que debía ser una solución para cientos de campesinos terminó convertido en una muestra más del desgreño institucional. El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la responsabilidad de la Alcaldía de Cepitá y la Gobernación de Santander por el colapso del puente peatonal de la vereda San Miguel, una estructura que no resistió ni un mes después de ser inaugurada.
La inversión fue de $1.255 millones de pesos. El puente conectaba zonas rurales de Cepitá, Curití y Aratoca y era vital para el transporte de alimentos, animales y personas entre veredas y centros de abasto. Hoy, su historia es símbolo de cómo la mala planificación y la falta de control pueden convertir una promesa en un riesgo colectivo.
Una tragedia anunciada
Entregado el 30 de diciembre de 2023, el puente mostró fallas estructurales apenas unas semanas después. Para febrero de 2024, ya había colapsado.
Según un informe de la Contraloría General de la República, las causas técnicas fueron claras: una rotación anormal de 115 metros en la línea de tránsito, por un error en los anclajes de cimiento que sostienen las torres principales. Además, una de las torres presentó un desplazamiento hacia el cauce del río Chicamocha, lo que comprometió por completo la estructura.
Durante la inspección, los auditores encontraron que el cimiento dañado ya había sido demolido por el contratista, dificultando aún más el seguimiento técnico del caso.
Nadie responde… pero todos son responsables
Aunque tanto la Alcaldía de Cepitá como la Gobernación intentaron deslindarse mutuamente del desastre, el Tribunal concluyó que hubo responsabilidad compartida. Ambas entidades tenían obligaciones claras sobre supervisión, planeación y ejecución del proyecto.
“La comunidad fue vulnerada en sus derechos colectivos. No se trató solo de una falla técnica: hubo omisiones graves en el ejercicio del deber público”, concluyó el fallo.
Reconstruido, pero con cicatrices
Actualmente, el puente ya fue reconstruido con acompañamiento de entes de control, y según el alcalde Pedro Carreño Quiñónez, opera con normalidad desde mediados de 2024. Sin embargo, la desconfianza persiste entre los habitantes, que aún recuerdan con indignación cómo una obra supuestamente segura se convirtió en amenaza.
“Las familias dependen de este paso para llevar sus cosechas a Bucaramanga. No se puede jugar así con nuestras vidas”, dijo uno de los campesinos afectados.
¿Y ahora qué?
El fallo del Tribunal no solo marca un precedente en materia de responsabilidad compartida, sino que también deja sobre la mesa la necesidad de reforzar la vigilancia a los contratos de infraestructura en zonas rurales.
Mientras tanto, en los municipios del Cañón del Chicamocha, los habitantes siguen cruzando el puente… con más esperanza que confianza.
