Ptar del Río de Oro: ¿obra ambiental o nuevo botín para los contratistas de siempre?

El proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) del Río de Oro, catalogado como la iniciativa ambiental más importante del área metropolitana de Bucaramanga, acaba de recibir la licencia ambiental de la Anla, después de casi cinco años de trámites. Sin embargo, detrás del entusiasmo por este anuncio, crecen las voces de alerta sobre los riesgos de direccionamiento en la adjudicación de la multimillonaria obra.

Actualmente, el 92 % de las aguas residuales de Bucaramanga y el 99 % de las de Girón se vierten directamente en el río de Oro y sus quebradas, contaminando también al Lebrija y al Magdalena. La Ptar es una deuda histórica para recuperar los ríos y garantizar un futuro ambientalmente sostenible. Pero su costo —que oscila entre $600 mil y $800 mil millones en la primera fase, y más de $1,3 billones en su totalidad— despierta sospechas en un escenario político local marcado por el clientelismo y la influencia de contratistas poderosos.

Preocupación por posibles direccionamientos

Líderes sociales y sectores ciudadanos advierten que hay constructores ampliamente reconocidos en Bucaramanga y su área metropolitana por financiar campañas políticas que ya están haciendo lobby para quedarse con la obra. De confirmarse estas versiones, la Ptar del Río de Oro, que debería ser un símbolo de recuperación ambiental, podría convertirse en otro caso de “contratocracia”, donde el interés público termina subordinado a los favores políticos.

La experiencia en Santander muestra que este tipo de proyectos de gran envergadura son aprovechados como plataformas de poder, alimentando círculos de contratistas cercanos a dirigentes que luego reclaman el pago en contratos. Por eso, el temor es que la ejecución se convierta en un festín de licitaciones arregladas, mientras los ciudadanos y el ambiente siguen esperando resultados.

Una obra necesaria, pero bajo lupa

Según la Empas, la planta se construirá en un terreno de 38 hectáreas en Girón y tratará 2.000 litros de agua por segundo. En teoría, en diez años se estaría procesando el 100 % de las aguas residuales de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Sin embargo, el reto no es solo técnico sino político: garantizar que los recursos públicos no terminen alimentando los bolsillos de los contratistas que históricamente han patrocinado campañas y manipulado la contratación local.

El gerente de Empas, César Camilo Hernández, insiste en que “es la primera vez en casi 90 años del alcantarillado que damos un paso firme, confiable, técnico y contundente”. Pero los cuestionamientos persisten: ¿quién garantizará que la adjudicación no sea un negocio amarrado de antemano?, ¿qué controles efectivos ejercerán la ciudadanía, la Procuraduría y la Contraloría sobre un proyecto de más de un billón de pesos?

El riesgo de repetir la historia

En Santander sobran antecedentes de obras anunciadas con grandes expectativas y que terminan convertidas en monumentos a la corrupción, al sobrecosto y al incumplimiento. Por eso, la Ptar del Río de Oro no solo debe verse como un desafío ambiental, sino como una prueba de fuego para las instituciones: si la licitación termina direccionada a las firmas de siempre, el resultado será otro golpe a la confianza ciudadana.