Prórroga PDET: seis millones siguen en abandono mientras grupos armados persisten en regiones de Santander
Prórroga aprobada hasta 2037, pero el abandono y violencia persisten en municipios PDET de Santander
SANTANDER — En el municipio de San Vicente de Chucurí, campesinos y líderes comunitarios cuestionan las promesas del Estado. María José Herrera, quien desde 2017 participa en procesos PDET, dice que pese a la inversión anunciada, «las balas y el miedo siguen presentes» y que el abandono estructural no se supera solo con extensiones legislativas. «Llevamos años esperando proyectos que no llegan y viendo cómo el poder de grupos armados crece sin control».

La reciente decisión del Senado de prorrogar hasta 2037 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) busca garantizar la continuidad de inversiones y proyectos en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. En Santander, varios municipios rurales incluidos en los PDET aún enfrentan graves problemas estructurales que la extensión legislativa no resuelve por sí sola.
El gobierno nacional asegura que desde el inicio de los PDET en 2017 se han invertido cerca de 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos, con avances en sustitución de cultivos ilícitos y atención a familias vulnerables. Sin embargo, organizaciones sociales y líderes campesinos alertan que la presencia armada ilegal, asentada especialmente en regiones como el Magdalena Medio Santandereano, sigue expandiéndose, lo que limita el alcance e impacto real de estas inversiones.
"Cada vez que anuncian proyectos, vuelven a crecer las disidencias y se intensifica el miedo entre las comunidades rurales. Sin seguridad es imposible pensar en desarrollo verdadero"
— Juan Camilo Torres, líder campesino de San Vicente de Chucurí
La senadora del Pacto Histórico por Santander, Ana María Ramírez, cuestiona la eficacia del Estado en la gestión de estos programas. Según ella, las inversiones deben ir acompañadas de un fortalecimiento real en seguridad y participación ciudadana activa, no solo de prórrogas legislativas y cifras oficiales. "No basta alargar un programa si los territorios siguen siendo controlados por el crimen organizado", advirtió.
Una revisión independiente muestra que, a pesar de los anuncios, los cultivos ilícitos no han disminuido de manera significativa en varios municipios del departamento y que la criminalidad afecta directamente a las comunidades beneficiadas. La ejecución presupuestal para el desarrollo rural en Santander ha enfrentado irregularidades y retrasos que aún no se explican de forma transparente.
Propuestas para fortalecer la efectividad PDET
Expertos en desarrollo territorial de la Universidad Industrial de Santander proponen implementar mecanismos de control ciudadano con participación directa de las comunidades y veedurías independientes para supervisar la ejecución y avance de los proyectos.
- Crear observatorios comunitarios para seguimiento público y transparente de inversiones.
- Fortalecer el acompañamiento de seguridad con modelos integrales de prevención, como los aplicados en otras zonas rurales exitosas del país.
- Impulsar alianzas entre academia, ONG y comunidades para diseñar estrategias adaptadas a las realidades locales.
Las comunidades rurales del área metropolitana de Bucaramanga y municipios vecinos como Girón y Floridablanca enfrentan desafíos similares, que requieren políticas integrales que trasciendan la entrega de recursos para generar desarrollo real y sostenible.
Es urgente que la prórroga del PDET no se convierta en otro anuncio vacío. La ciudadanía exige cronogramas claros, mecanismos efectivos de participación y una estrategia realista para superar la violencia y el abandono.
Contexto: Desde la creación del PDET en 2017, han sido varias las críticas a la lentitud y falta de transparencia en los proyectos ejecutados. A pesar de la inversión declarada, la persistencia de economías ilícitas y grupos armados sigue limitando el desarrollo territorial en Santander.
Fuentes consultadas: Líderes campesinos de San Vicente de Chucurí y municipios PDET de Santander, Senadora Ana María Ramírez, expertos académicos de la UIS, informes de Fundación Ideas para la Paz.