Prórroga PDET: Santander exige resultados reales y no solo promesas extendidas hasta 2037
Prórroga oficial de los PDET extiende beneficios, pero preocupa falta de avances palpables en Santander
SANTANDER — En el municipio de San Vicente de Chucurí, campesinos como Ana María Guarín expresan su escepticismo frente a la prórroga por 10 años del programa PDET aprobada en el Senado. "Llevamos más de 8 años esperando inversiones reales y que el Estado aterrice en nuestra región. No queremos más promesas que solo se quedan en papel", afirma con preocupación esta líder comunal.
En 2025, el Senado extendió hasta 2037 la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan traer desarrollo a los municipios más afectados por la violencia y el abandono estatal. Sin embargo, en municipios de Santander como San Vicente de Chucurí, Bucaramanga y su área metropolitana, la expectativa es baja ante la falta de transparencia en la ejecución y el lento avance tangible.
La administración nacional asegura que la prórroga garantiza continuidad administrativa y presupuestal, y que beneficiará a 6,6 millones de colombianos en 170 municipios priorizados desde 2017. Sin embargo, expertos independientes aseguran que la falta de mecanismos efectivos de control ciudadano y la lentitud de ejecución debilitan la confianza de la población e incrementan riesgos de corrupción y clientelismo.
En contraste, comunidades rurales y organizaciones locales en Santander denuncian que, pese a la aparente inversión y planes, persiste la inseguridad y presencia de economías ilícitas que entorpecen el desarrollo. Ana María Guarín señala:
"Hasta ahora la seguridad no mejora y los proyectos tardan años en iniciar o no avanzan. Exigimos mecanismos de participación y control comunitario para que los recursos realmente lleguen a los que más lo necesitan".
Por su parte, representantes de ONG y académicos de universidades santandereanas destacan que es indispensable fortalecer la participación directa de las comunidades y aplicar modelos de supervisión externa que hayan funcionado en otras regiones del país.
Según la Fundación Paz y Desarrollo Rural, la falta de seguimiento público ha permitido que en algunas zonas los cultivos ilícitos y la influencia de grupos armados persistan incluso después de la implementación inicial de los PDET, lo que refleja una emergencia de riesgos a pesar de la prórroga anunciada.
Soluciones desde expertos y otras ciudades
Expertos de la Universidad Industrial de Santander proponen un modelo adaptado de "Gestión Comunitaria Autónoma" que incorpora:
- Veeduría ciudadana vinculante con acceso directo a presupuestos y ejecución.
- Alianzas con universidades locales para seguimiento técnico y formación comunitaria.
- Incorporación de tecnologías de información para transparencia y monitoreo ciudadano.
El colectivo ambiental y social del área metropolitana exige además que la prórroga de los PDET incluya mecanismos claros para enfrentar la persistencia de economías ilícitas y mejorar la seguridad en el territorio.
¿Logrará la prórroga no ser solo un parche burocrático y realmente transformar los municipios afectados? Las comunidades de Santander esperan que el Estado rinda cuentas claras y facilite herramientas de control reales para evitar que la inversión siga diluyéndose sin impacto.
Contexto adicional: Desde el inicio de los PDET en 2017, aunque se reportan inversiones y proyectos ejecutados, organizaciones sociales denuncian retazos de ejecución y falta de coherencia con las necesidades locales. En Santander, la inseguridad y el abandono estatal persisten como barreras.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Santander, ONG regionales, expertos independientes de la UIS, Fundación Paz y Desarrollo Rural, informes oficiales del Senado.
