Prórroga PDET: Santander exige garantías reales tras años de abandono y violencia persistente
En Santander, la prórroga de los PDET despierta dudas sobre eficacia y control del conflicto armado
Bucaramanga — Carlos Mendoza, líder social de una vereda rural en la provincia de García Rovira, reclama que la prórroga de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037 no debe ser solo un decreto más. "Llevamos dos décadas esperando mejoras reales. Los anuncios no cambian la presencia de grupos armados ni la ausencia estatal", denuncia con preocupación.
Los PDET, aprobados desde 2017 para 170 municipios principalmente rurales afectados por pobreza, violencia y cultivos ilícitos, buscan estructurar el desarrollo rural integral. Sin embargo, en Santander y regiones del área metropolitana el avance es desigual y las amenazas de grupos armados al margen de la ley no desaparecen.
La reciente aprobación en el Senado para extender la vigencia de los PDET hasta 2037 anuncia garantizar inversiones para 6,6 millones de colombianos. No obstante, la iniciativa oficialista no detalla cómo se resolverán las constantes fallas administrativas y el aumento del conflicto en zonas como García Rovira, donde se reportó un incremento de las disidencias y el Clan del Golfo.
"Estos programas no pueden seguir siendo un cartel de buenas intenciones. La inversión debe traducirse en presencia efectiva del Estado y garantías para que las comunidades vivan en paz", afirma Mendoza.
El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente de la ley, aseguró que la prórroga es «un gesto de coherencia con las regiones que han puesto el cuerpo y la esperanza en la paz». Sin embargo, expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) cuestionan la falta de mecanismos claros para la supervisión y rendición de cuentas que aseguren la ejecución efectiva.
La Fundación Paz y Reconciliación señala que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 las disidencias en Santander crecieron en proporciones preocupantes; el Clan del Golfo ha reforzado su presencia en zonas rurales periféricas. Esto pone en entredicho la capacidad del Estado y los PDET para frenar el conflicto armado y cambiar las condiciones estructurales.
Fiscalización y críticas locales
La Veeduría Ciudadana Regional de Santander ha denunciado que, a pesar de los recursos asignados —14 billones de pesos invertidos nacionalmente en más de 2.000 proyectos— la transparencia en la ejecución en este departamento continúa siendo insuficiente, con retrasos y ausencia de información pública verificable.
- Falta de cronogramas públicos y auditorías independientes.
- Deficiencias en la sustitución efectiva de cultivos ilícitos en zonas de la provincia de Soto Norte.
- Ausencia de participación directa y continua de las comunidades campesinas en el seguimiento.
Soluciones desde la academia y la sociedad civil
Expertos en desarrollo rural de la UIS plantean como propuesta efectiva la creación de observatorios ciudadanos territoriales, donde las comunidades y universidades participen en la supervisión constante de los proyectos para garantizar la transparencia y la efectividad.
- Implementación de plataformas digitales abiertas con datos georreferenciados para seguimiento en tiempo real.
- Incluir a las juntas de acción comunal en la toma de decisiones y control social.
- Promover alianzas con ONGs especializadas en la administración del conflicto y desarrollo rural.
La comunidad en Santander reclama contundentemente que la extensión de los PDET no se quede en anuncios y promesas vacías. Exigen plazos claros, mecanismos de vigilancia ciudadana y sanciones concretas a quienes incumplan o desvíen los recursos.
Contexto adicional: Aunque a nivel nacional se reportan más de 2.000 proyectos ejecutados y la sustitución de más de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos, estas cifras registran graves brechas territoriales. En Santander, el aumento de la presencia de grupos armados ilegales y las dificultades para implementar programas comunitarios siguen siendo la regla y no la excepción.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios en Santander, Veeduría Ciudadana Regional, expertos de la Universidad Industrial de Santander, Fundación Paz y Reconciliación, información oficial del Senado de la República.
