Prórroga PDET: ¿real desarrollo para Santander o promesas que incumplen a la región?

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Prórroga PDET: ¿real desarrollo para Santander o promesas que incumplen a la región?

Prórroga hasta 2037 mantiene dudas sobre impacto real en municipios PDET cercanos a Bucaramanga

SANTANDER — Luz Marina Gómez, líder comunitaria de un corregimiento rural cercano a Bucaramanga, cuestiona la extensión del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037. "¿Diez años más de promesas sin que lleguen las obras y el apoyo real? Eso ya lo hemos escuchado antes. Queremos transparencia y resultados, no solo extender el programa", dice con preocupación.

Paisaje rural andino con casas dispersas y cultivos, zona potencial PDET en Santander
Zona rural cercana a Bucaramanga que podría beneficiarse de los PDET, pero donde persisten la incertidumbre y la falta de seguimiento real a las inversiones. Foto: Archivo Local

El Senado de la República aprobó esta semana la prórroga de los PDET hasta 2037 para garantizar inversiones en territorios afectados por la violencia y el abandono estatal. Sin embargo, la región de Santander —con municipios cercanos al área metropolitana— sigue a la espera de que esta extensión se traduzca en un desarrollo palpable y no en simples anuncios.

Desde su inicio en 2017, el PDET ha enfrentado bloqueos institucionales y un lento avance en las inversiones reales. Aunque las cifras oficiales hablan de más de 2.000 proyectos ejecutados y 14 billones de pesos invertidos, esas inversiones no siempre se perciben ni llegan con transparencia a las comunidades cercanas a Bucaramanga.

"Nos prometieron acciones concretas en proyectos productivos y mejoramiento rural, pero lo que vemos son largos periodos de silencio y pocos resultados palpables",

— Luz Marina Gómez, líder comunitaria en Santander

Representantes del Pacto Histórico respaldan la prórroga y aseguran que el programa es un "gesto de coherencia" con las regiones tras años de guerra y desplazamiento. No obstante, para expertos en desarrollo territorial, el programa necesita mecanismos claros de seguimiento y una auditoría abierta a las inversiones para evitar que los recursos se queden en el papel.

En el contexto actual, la presencia y crecimiento de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que avanzan incluso en municipios PDET, plantean un reto estructural que ninguna prórroga podrá solucionar sin un compromiso real y coordinado.

Fiscalización y transparencia, reclamos de Santander

Veedurías sociales y organizaciones de la sociedad civil de Santander exigen al gobierno nacional y departamental que hagan públicos los avances reales de los proyectos PDET, especialmente en veredas y corregimientos en riesgo, y que establezcan mecanismos de control ciudadano para evitar repeticiones de casos de corrupción o duplicidad en las inversiones.

Propuestas desde academia y experiencia de otras regiones

Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan incorporar un modelo de rendición de cuentas participativa, que permita a las comunidades monitorear en tiempo real el desarrollo de proyectos, y la articulación con programas de seguridad integral que involucren a las autoridades locales, indígenas y campesinas.

  • Implementación de plataformas digitales abiertas para seguimiento y auditoría ciudadana
  • Alianzas multisectoriales con participación activa de Juntas de Acción Comunal y cabildos indígenas
  • Integración de programas de desarrollo rural con estrategias efectivas de desarme y reconciliación comunitaria

La ampliación de la vigencia PDET debe entenderse como una oportunidad potencial, pero que requiere exigencia constante y vigilancia ciudadana para que no se convierta en una prolongación sin resultados reales en el departamento de Santander y sus zonas rurales próximas al área metropolitana.


Contexto adicional: Los PDET abarcan 170 municipios a nivel nacional, pero en Santander se reportan pocas comunidades con seguimiento efectivo, y la presencia de grupos armados ilegales continúa siendo una preocupación no resuelta.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Santander, expertos académicos de la UIS, veedurías sociales, informes Fundación Ideas para la Paz, versiones oficiales del Senado.