Prórroga PDET: Municipios de Santander exigen que inversión no sea solo promesa oficial más
Prórroga del Programa PDET genera escepticismo en municipios PDET de Santander por persistencia de violencia
SANTANDER — Habitantes de los municipios PDET en Santander, como San Vicente de Chucurí y el área rural de Floridablanca, expresan preocupación y desconfianza ante la reciente prórroga de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial hasta 2037. "Llevamos años escuchando promesas, pero la violencia y las economías ilegales persisten. Exigimos que esta prórroga sea acompañada de planes claros, inversión efectiva y rendición de cuentas" reclama Juana López, campesina de la vereda La Esperanza.
Los PDET, que iniciaron en 2017, prometieron transformar territorios que llevan décadas afectados por la violencia, la pobreza y el abandono estatal. En Santander, varios municipios del piedemonte santandereano figuran dentro de esta estrategia nacional que abarca 170 municipios en 16 subregiones y beneficia a 6,6 millones de colombianos.
El Senado de la República aprobó extender hasta 2037 la vigencia de estos programas para permitir la continuidad normativa y presupuestal. Sin embargo, expertos y comunidades locales alertan que históricamente esta continuidad no ha garantizado resultados tangibles en el territorio y que el crecimiento de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza presente.
Juana López cuestiona que, a pesar de supuestas inversiones que superan los 14 billones de pesos y el desarrollo de miles de proyectos, la inseguridad y la presencia de economías ilícitas no disminuyen en su municipio. "Aquí vemos que los disidentes y el crimen organizado siguen operando sin control", asegura.
"Si la inversión no llega a la gente de verdad, y solo queda en papeles o planes que nunca se ejecutan, esta prórroga no servirá para nada"
— Juana López, campesina del corregimiento La Esperanza, San Vicente de Chucurí
El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto, asegura que la extensión de la vigencia permitirá garantizar la inversión a largo plazo. No obstante, las comunidades y organizaciones de veeduría insisten en que esta extensión debe ir acompañada de mecanismos claros de control ciudadano y rendición de cuentas para evitar que los recursos se diluyan sin beneficiar directamente a la población.
El Observatorio de Paz y Conflicto en Santander y expertos independientes han señalado que el incremento en actividades ilegales de grupos armados sigue vigente. Según la Fundación Ideas para la Paz, los disidentes en la región han crecido, generando inseguridad que afecta directamente a los habitantes de los municipios PDET.
Fiscalización de la prórroga y presupuesto
El presupuesto oficial presenta inversiones por más de 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos en todo el país, pero no hay claridad sobre la ejecución real y el impacto en municipios específicos como los ubicados en Santander.
Soluciones desde expertos y casos internacionales
Académicos de la Universidad Industrial de Santander proponen modelos de seguimiento independiente basados en experiencias de otros países donde la comunidad participa activamente en la supervisión y control del uso de los recursos públicos para proyectos de desarrollo rural.
- Creación de comités veedores comunitarios con acceso directo a información y obras.
- Implementación de tecnología para monitoreo en tiempo real de avances de proyectos.
- Fomento de alianzas entre universidades, comunidad y ONG para fortalecer la transparencia.
Organizaciones locales de campesinos y líderes de la región exigen que estas propuestas sean adoptadas para evitar que los nuevos años de prórroga sean solo un motivo más de incumplimiento.
¿Garantizarán estas nuevas medidas que los municipios PDET de Santander dejarán de ser territorios de promesas incumplidas y abandono? La comunidad exige claridad, compromiso y diligencia.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han enfrentado dificultades para transformar realmente los territorios afectados por violencia y pobreza. En Santander, la ejecución de proyectos ha sido irregular, y persiste la operación de grupos armados ilegales.
Fuentes consultadas: Habitantes de municipios PDET de Santander, expertos de la UIS, organizaciones de veeduría ciudadana y Fundación Ideas para la Paz.
