Prórroga PDET: municipios de Santander exigen inversión real y seguridad, no promesas sin cumplir

Extensión del programa PDET hasta 2037 no convence a municipios de Santander afectados por violencia y abandono estatal

FLORIDABLANCA — María Isabel Rodríguez, agricultora de uno de los municipios PDET cercanos a Bucaramanga, advierte que la prórroga del programa PDET hasta 2037 es solo una extensión de promesas incumplidas. "Nos han anunciado apoyo desde hace años, pero la violencia y el abandono siguen afectando a nuestras familias, necesitamos hechos concretos, no más burocracia", señala con preocupación.

El Senado aprobó extender la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037, un mecanismo que busca garantizar la continuidad administrativa y presupuestal de proyectos en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado, la pobreza y la ilegalidad.

Si bien esta ampliación promete inversiones para 170 municipios, incluidos algunos de Santander cercanos a Bucaramanga, expertos independientes y líderes comunitarios cuestionan la eficacia real del programa tras años de ejecución con resultados limitados.

El senador Carlos Alberto Benavidez, del Pacto Histórico, asegura que esta prórroga es un "gesto de coherencia" con las regiones afectadas. Sin embargo, pese a las 2.066 iniciativas reportadas y los supuestos 14 billones de pesos invertidos desde 2017, la comunidad rural en Santander continúa enfrentando la expansión de economías ilícitas y la inseguridad, especialmente por el crecimiento de disidencias armadas.

"Nos prometieron desarrollo y paz. Pero hoy volvemos a ver grupos armados creciendo y poco apoyo efectivo. Es frustrante ver tanta inversión en papel y tan poco en realidad".

— Carlos Méndez, líder comunitario en zona rural de Santander

Datos recientes de la Fundación Ideas para la Paz indican que las disidencias armadas incrementaron su presencia en los municipios PDET entre diciembre de 2024 y junio de 2025: disidencias de alias Calarcá (+16 %), Iván Mordisco (+20 %), Clan del Golfo (+18 %) y ELN (+3 %), lo que alarma a los habitantes quienes sienten que el Estado no ha garantizado su seguridad.

Por su parte, concejales de oposición y veedurías ciudadanas de Santander insisten en exigir mayor transparencia en la ejecución presupuestal y mecanismos reales de control social que permitan verificar el avance físico en los municipios PDET.

Fiscalización de cifras y cumplimiento

A pesar de las cifras oficiales, expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) señalan que existe una desconexión entre las inversiones anunciadas y la realidad sobre el terreno, donde la pobreza, el abandono estatal y la criminalidad persisten como problemas estructurales.

Soluciones desde expertos y otras regiones

Expertos en desarrollo rural de la UIS proponen que para que la prórroga PDET sea efectiva en Santander se deben implementar tres acciones fundamentadas:

• Mejorar la participación comunitaria con control social efectivo, a través de veedurías que tengan acceso directo a la información y mecanismo sancionatorio frente a incumplimientos.
• Adoptar modelos integrales que vinculen la seguridad, la sustitución de cultivos ilícitos y programas productivos sostenibles, tal como se ha logrado en regiones de Antioquia con reducción significativa de violencia.
• Implementar controles técnicos y presupuestales claros con reportes públicos frecuentes que garanticen la transparencia y eviten desvíos financieros.

Además, líderes comunitarios del área metropolitana demandan que la Administración Departamental y los municipios incorporados en PDET prioricen esas recomendaciones y abandonen la dinámica de discursos burocráticos que no se traducen en mejor calidad de vida para las comunidades.

¿La prórroga PDET será un verdadero impulso para Santander o se quedará en un nuevo anuncio sin impacto real? La comunidad exige respuestas claras y resultados concretos, acompañados de mecanismos de rendición de cuentas a largo plazo.

Contexto adicional: Aunque los PDET acumulan más de 2.000 proyectos y 14 billones de pesos en inversiones desde 2017, la persistencia de violencia, economías ilícitas y falta de apoyo estatal efectivo en municipios de Santander siguen siendo una constante.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Santander, Fundación Ideas para la Paz, expertos de la UIS, concejales de oposición de Santander, informes oficiales del Senado.