Prórroga de PDET: vecinos de Santander cuestionan continuidad ante abandono y violencia
6,6 millones de colombianos seguirían afectados por violencia pese a prórroga de PDET
SANTANDER — María Camila Torres, residente del corregimiento Guanentá en el área rural del departamento, denuncia que llevan años esperando que los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) mejoren sus condiciones. "Nos prometen apoyos, pero la violencia y el abandono estatal siguen igual. La prórroga hasta 2037 suena bien, pero ¿y la realidad en el territorio?", pregunta con preocupación.
El Senado aprobó esta semana una prórroga de 10 años a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que busca consolidar inversiones hasta 2037 en los 170 municipios más afectados por la violencia, pobreza y abandono del Estado en Colombia, incluyendo varios en Santander. Sin embargo, estas regiones históricamente han padecido incumplimientos y falta de garantías para el desarrollo real.
La iniciativa, apoyada en su mayoría por los congresistas que ocupan las denominadas "curules de paz", establece realizar un estudio técnico en un año para ampliar los PDET a municipios que quedaron fuera de la selección original. Aunque la prórroga se presenta como un logro, expertos y comunidades locales cuestionan la efectividad de estos programas ante la persistencia de economías ilícitas y violencia en el territorio.
"En nuestro corregimiento seguimos viendo la misma violencia de siempre, y los apoyos solo llegan a cuentagotas. La prórroga es un anuncio más que no garantiza cambios reales"
— María Camila Torres, vecino y líder comunitaria rural en Santander
En Santander, las cifras oficiales reportan más de 14 billones de pesos invertidos en 2.066 proyectos de PDET a nivel nacional, con cientos de familias beneficiadas con asistencia alimentaria, huertas caseras y sustitución de cultivos ilícitos. Pero el crecimiento de grupos armados ilegales como disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo mantiene en alerta a las comunidades.
El Senado afirma que la prórroga es una muestra de compromiso estatal para las zonas afectadas, prometiendo continuidad administrativa y presupuestal. Sin embargo, no se aclaran mecanismos para superar bloqueos institucionales previos ni la fiscalización real de los avances.
Expertos consultados por Voz Oriente, como la académica de la Universidad Industrial de Santander, Ana María Gómez, destacan que "la prórroga debe ir acompañada de políticas efectivas de control territorial y participación directa de las comunidades si se quieren evitar que siga el abandono y la violencia estructural".
La activistade derechos humanos local, Hernando Vélez, añade que "sin un verdadero abordaje integral y participación ciudadana verificable, la prórroga corre el riesgo de ser otro parche político sin impacto real para los santandereanos afectados".
Fiscalización de datos y resultados
Según la Contraloría General, existen evidencias de demoras y baja ejecución en proyectos PDET regionales, con reportes de incumplimiento que deben ser transparentados. Las comunidades exigen acceso a información clara y mecanismos efectivos para vigilar la inversión.
Propuestas desde la academia y la sociedad civil
Especialistas de la UIS y organizaciones civiles sugieren:
- Implementar veedurías ciudadanas con acceso directo a la gestión de los proyectos.
- Fortalecer la sustitución de cultivos ilícitos con alternativas económicas sostenibles y reales.
- Crear mesas territoriales de diálogo permanente con presencia de representantes comunitarios y seguridad garantizada.
Los líderes y comunidades del área metropolitana reclaman que estas propuestas se socialicen y ejecuten con transparencia, no solo en zonas rurales, sino también en los municipios que enfrentan abandono y violencia estructural a las puertas de Bucaramanga.
La ciudadanía santandereana exige una verdadera rendición de cuentas sobre la ejecución de los PDET y la efectividad de la prórroga, con plazos claros y auditables para evitar que la esperanza sea solo una promesa incumplida más.
Contexto adicional: En varias regiones del país, los PDET han enfrentado bloqueos administrativos y presuntas ineficiencias. El crecimiento reciente de grupos armados ilícitos en áreas PDET demuestra retos enormes aún pendientes.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Santander, académicos de la UIS, veedurías ciudadanas de la región, informes de la Contraloría, comunicado oficial del Senado (con escepticismo).
