Prórroga de PDET: Santander y Bucaramanga enfrentan riesgos por incremento de economías ilegales y falta de garantías reales

El programa PDET se extiende hasta 2037, pero la inseguridad y corrupción siguen sin atención en Santander

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA — Habitantes de zonas rurales y urbanas de Santander observan con preocupación cómo se aprueba la extensión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037, mientras en el terreno persisten las economías ilegales que impactan la seguridad y calidad de vida de los bumangueses y habitantes del área metropolitana.

Desde 2017, cuando se iniciaron los procesos de desarrollo en 170 municipios priorizados por el acuerdo de paz de La Habana, la intención ha sido transformar el campo colombiano y mejorar la calidad de vida de 6,6 millones de personas en sectores mayormente rurales y afectados por la violencia. Sin embargo, en Santander y áreas aledañas, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Boyacá y Norte de Santander, el avance del programa y sus efectos reales deben ser cuestionados.

El Senado de la República anunció la prórroga del programa hasta 2037 y aún está pendiente la conciliación entre Senado y Cámara para definir una expansión hacia municipios excluidos inicialmente. Según cifras oficiales, en estos años se han ejecutado 2.066 proyectos con una inversión cercana a 14 billones de pesos y se han sustituido cerca de 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

No obstante, el aumento en el accionar de las disidencias guerrilleras de alias Calarcá, Iván Mordisco, el Clan del Golfo y ELN —organizaciones con fuerte presencia en municipios PDET— amenaza la estabilidad regional. Según la Fundación Ideas para la Paz, estas disidencias crecieron entre 3% y 20% entre diciembre 2024 y junio 2025, con impactos directos en la seguridad y tranquilidad de Santander y su área metropolitana.

"La prórroga del programa es bienvenida, pero el aumento de grupos al margen de la ley genera inseguridad que afecta a nuestros barrios. Exigimos mayor transparencia, recursos efectivos y control ciudadano sobre estas inversiones"

— Juan Carlos Herrera, líder comunitario de Floridablanca

Expertos y veedurías sociales en Santander advierten que, pese a la inversión anunciada, la implementación no se refleja en mejoras tangibles ni en la reducción efectiva de la criminalidad vinculada a economías ilegales. La falta de un seguimiento riguroso y la escasa participación ciudadana en la gestión de estos recursos son falencias críticas.

Investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) señalan que el enfoque de desarrollo rural integral debe ir acompañado de políticas claras de desmonte de economías ilegales y participación comunitaria directa para garantizar que las inversiones también beneficien a las zonas urbanas metropolitanas afectadas indirectamente por la inseguridad.

Fiscalización y rendición de cuentas

Organizaciones independientes proponen mecanismos de control social, incluyendo auditorías ciudadanas periódicas, plataformas abiertas de seguimiento de las obras y proyectos, y participación directa de las juntas de acción comunal en la supervisión. Estos modelos han sido exitosos en regiones como Antioquia y Cauca, donde la presión social ha obligado a mayor transparencia y resultado en la ejecución.

• Creación de veedurías rurales-urbanas articuladas para seguimiento conjunto en Santander
• Implementación de sistemas digitales para monitoreo público y constante de recursos y avances
• Capacitación a líderes comunitarios en vigilancia y denuncia de irregularidades

La comunidad metropolitana de Bucaramanga, junto con expertos y organizaciones civiles, exige que la prórroga del PDET no se convierta solo en una prolongación de planes sin impacto real, sino en una oportunidad para atacar las raíces de la inseguridad y pobreza que afectan no solo a los municipios rurales sino a toda la región.

¿Podrán las autoridades garantizar que las inversiones lleguen a quienes más las necesitan en Santander, o seguirá la prórroga siendo un anuncio sin resultados palpables para la ciudadanía?

Contexto adicional: Los municipios PDET han reportado inversiones por más de 14 billones, pero el crecimiento de economías ilegales y disidencias armadas amenazan la estabilidad. La área metropolitana de Bucaramanga no es zona PDET pero sufre impactos indirectos.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Floridablanca y Bucaramanga, expertos UIS, Fundación Ideas para la Paz, veedurías sociales, documentos del Senado.