Prórroga de PDET: Santander espera resultados reales tras más de una década de promesas incumplidas
Amplían PDET hasta 2037, pero vecinos de Santander alertan sobre rezagos históricos y persistencia de la violencia
SANTANDER / ÁREA METROPOLITANA — María Gómez, habitante de un corregimiento rural en el área metropolitana, denuncia que la prórroga de los programas PDET no se refleja en mejoras concretas. "Llevamos años esperando programas que transformen nuestra realidad, pero la violencia y la pobreza siguen igual", apunta. Cercanos municipios de Santander afectados por conflicto armado y abandono estatal ven con escepticismo esta extensión por diez años que promete inversión, sin garantizar resultados tangibles.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), extendidos recientemente hasta 2037 por decisión del Senado, buscan impulsar proyectos de infraestructura y transformación rural en municipios afectados por más de cinco décadas de conflicto armado. Sin embargo, en Santander y el área metropolitana, los avances han sido limitados y las condiciones de pobreza y violencia persisten.
Según el gobierno, los PDET han ejecutado a la fecha inversiones por más de 14 billones de pesos en 2.066 proyectos, sustituyendo 46.092 hectáreas de cultivos ilícitos y atendiendo a cerca de 100.000 familias con programas de asistencia técnica y desarrollo productivo. La prórroga busca garantizar continuidad en la intervención de estas comunidades.
Pero María Gómez y otros habitantes denuncian que, pese a las cifras oficiales, las disidencias armadas mantienen control en varias zonas de Santander y municipios cercanos, aumentando la inseguridad y limitando el desarrollo. "En el campo nadie siente que la paz y el progreso hayan llegado", dice.
"Esta es la cuarta vez que anuncian prórrogas y nuevas inversiones. Lo que necesitamos son resultados reales y que los recursos no se sigan perdiendo en burocracia y corrupción"
— María Gómez, campesina y líder comunitaria en corregimiento de Santander
Expertos de universidades regionales y veedurías ciudadanas alertan que la prolongación del programa debe ir acompañada de control social efectivo, transparencia en el uso de los recursos y mecanismos que permitan desmontar las estructuras ilegales que operan en la región.
La Fundación Ideas para la Paz reporta aumento de disidencias armadas en los territorios PDET, con incrementos entre 3% y 20% en presencia de grupos como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y ELN, lo cual evidencia la fragilidad de los avances.
Luz crítica sobre cifras y ejecución
Las cifras oficiales ofrecen un panorama positivo, pero expertos independientes indican que la ejecución presupuestal y la absorción de recursos presentan atrasos y baja efectividad en la mejora de las condiciones de vida en territorios del área metropolitana y Santander.
Alternativas y propuestas desde la academia y veedurías
Académicos de la Universidad Industrial de Santander proponen adoptar modelos de gobernanza territorial participativos y auditables, como el sistema de veedurías comunitarias permanentes con facultad de fiscalización, que han mostrado resultados en regiones similares en Antioquia.
- Fortalecimiento de la participación ciudadana con acceso a información pública en tiempo real
- Iniciativas para reemplazar economías ilícitas con proyectos productivos sostenibles liderados por la comunidad
- Red de protección y apoyo a líderes sociales para garantizar seguridad y continuidad en los procesos
La comunidad exige que la prórroga legislativa se traduzca en planes con cronogramas transparentes, controles independientes y sanciones para actores que obstaculicen el desarrollo.
Contexto adicional: La prórroga de los PDET es una extensión legislativa para asegurar inversiones hasta 2037, sin que hasta el momento haya claridad total sobre qué municipios del área metropolitana serán incluidos o cómo se manejarán las falencias actuales en ejecución y seguridad.
Fuentes consultadas: Testimonios ciudadanos de corregimientos rurales en Santander, Fundación Ideas para la Paz, expertos académicos de la UIS, veedurías independientes, y documentos oficiales del Senado.
