Prórroga de PDET: regiones como Santander exigen resultados y denuncian persistencia de violencia
Extensión de PDET hasta 2037 despierta escepticismo en municipios de Santander ante persistencia de grupos armados
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA — Viviana Ortega, habitante de un municipio PDET cercano a Bucaramanga, asegura que los anuncios de inversión extensiva son una constante desde 2017, pero la violencia y la pobreza no han dejado de afectar su comunidad. "Nos prometen recursos y desarrollo, pero los grupos armados persisten y nosotros seguimos viviendo en abandono", reclama.
El Senado de la República aprobó esta semana la prórroga de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037, con la intención oficial de continuar inversiones en los 170 municipios más afectados por la violencia y el abandono estatal. Sin embargo, en municipios cercanos al área metropolitana de Bucaramanga la expectativa está teñida de escepticismo por los incumplimientos previos.
La prórroga busca ampliar el plazo para ejecutar proyectos y contempla un estudio técnico para incluir municipios excluidos inicialmente. Sin embargo, desde 2017, cuando se inició la planeación participativa con 32.808 iniciativas, muchos habitantes sienten que esta política no ha hecho mella en problemas estructurales como la pobreza y la violencia ligada a economías ilícitas.
"Las cifras oficiales no reflejan la realidad que vivimos en los corregimientos. Hemos visto aumento de grupos armados, mientras la inversión parece quedarse en papeles y discursos"
— Viviana Ortega, líder comunitaria municipio PDET en Santander
Senadores del Pacto Histórico destacan la coherencia política de la extensión y las inversiones superiores a 14 billones de pesos, con miles de proyectos ejecutados en todo el país. Sin embargo, esta lectura oficial contrasta con el aumento reciente de presencias armadas ilegales, reportado por la Fundación Ideas para la Paz, que señala incrementos del 16% al 20% en disidencias y grupos criminales en territorios PDET.
El profesor Juan Pablo Martínez, investigador en desarrollo territorial de la Universidad Industrial de Santander, señala que "sin transparencia en el uso de los recursos y una real presencia estatal más allá de la burocracia, estas extensiones no solucionan la crisis que enfrentan municipios como los de nuestra región. La continuidad debe ir acompañada de mecanismos efectivos de control social y reducción real de pobreza y violencia".
Fiscalización ciudadana y veedurías independientes demandan a la administración un plan claro y público que vincule avances concretos, que transparenten la ejecución y eviten que los recursos queden atrapados en trámites o corrupción.
Propuestas desde expertos y la academia
Expertos en paz y desarrollo de la UIS proponen:
- Implementar auditorías participativas continuas en cada municipio para garantizar la correcta inversión.
- Fomentar economías locales y sostenibles que reduzcan la dependencia de cultivos ilícitos y economías ilegales.
- Integrar veedurías comunitarias desde la planificación para asegurar la vigilancia social y rendición de cuentas en tiempo real.
La comunidad del área metropolitana de Bucaramanga exige a sus representantes y a la administración pública que este nuevo plazo de los PDET no se convierta en un mero anuncio sin resultados tangibles que cambien las condiciones de vida en estos municipios históricamente postergados.
Contexto adicional: Desde la implementación de los PDET en 2017, han existido múltiples denuncias sobre la persistencia de la violencia y limitados avances en erradicación de pobreza en regiones como Santander. La Fundación Ideas para la Paz reporta aumento en grupos armados ilegales en áreas PDET pese a la inversión anunciada de 14 billones de pesos.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios del área metropolitana, expertos en desarrollo territorial UIS, Fundación Ideas para la Paz, senadores Pacto Histórico, informes oficiales del Senado.
