Prórroga de PDET pasa a dudas en Santander: vecinos exigen resultados y control ciudadano

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Prórroga de PDET pasa a dudas en Santander: vecinos exigen resultados y control ciudadano

Prórroga hasta 2037 para PDET genera escepticismo entre comunidades afectadas en Santander

SANTANDER — En municipios rurales de Santander, como San Vicente de Chucurí y Girón, líderes comunales cuestionan la reciente prórroga aprobada por el Senado para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). José Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza en Girón, denuncia que pese a la inversión anunciada para estos territorios, la presencia de grupos armados ilegales y la persistencia de la pobreza estructural mantienen a miles en abandono.

Paisaje rural con zonas afectadas por violencia y abandono en Santander
Territorios rurales en Santander afectados por el abandono estatal y la persistencia de economías ilícitas, pese a programas PDET. Foto: Archivo comunidad

El Senado aprobó la extensión del programa PDET hasta 2037, buscando garantizar recursos para 170 municipios históricamente afectados por la violencia, pobreza y cultivos ilícitos. Sin embargo, en Santander persisten dudas sobre la efectividad real en el territorio y la capacidad para romper con ciclos de abandono y presencia ilegal.

La administración nacional asegura que más de 2.000 proyectos y $14 billones en inversión han beneficiado a 6,6 millones de colombianos, con sustitución de cultivos ilícitos y atención a familias vulnerables. No obstante, estas cifras contrastan con el aumento de la actividad de grupos armados ilegales en la región, donde la Fundación Ideas para la Paz reporta crecimiento de disidencias y nuevos actores criminales.

"Cada año vemos que la violencia no cede y los cultivos ilícitos siguen creciendo. La plata llega, pero no a quienes necesitamos. La gente quiere seguridad y desarrollo reales, no solo promesas"

— José Ramírez, presidente JAC vereda La Esperanza, Girón

El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente de la prórroga, promueve esta extensión como un compromiso con la paz y el desarrollo rural. Sin embargo, algunos concejales y veedurías locales cuestionan la falta de transparencia en la ejecución de los proyectos y la carencia de mecanismos de control ciudadano efectivos en Santander y municipios cercanos a Bucaramanga.

La veeduría ciudadana en la región ha encontrado inconsistencias en la reportada ejecución presupuestal y denuncias de retrasos y sobrecostos en obras fundamentales para comunidades rurales.

Expertos proponen mayor control y adaptación local

Desde la Universidad Industrial de Santander (UIS), la investigadora social Laura Gómez señala que para lograr impactos reales, los PDET deben incorporar veedurías participativas y planes que atiendan las particularidades socioculturales y violentas de cada territorio.

  • Implementación de veedurías ciudadanas con acceso real a información y supervisión
  • Planes de desarrollo territorial con enfoque diferencial y adaptado a condiciones locales
  • Políticas coordinadas con seguridad y sustitución efectiva de cultivos ilícitos

La comunidad campesina y las juntas de acción comunal insisten en que se publiquen cronogramas claros e informes de avance para que la sociedad pueda hacer seguimiento real y no se sigan repitiendo ciclos de abandono.

¿La prórroga de PDET será un verdadero impulso para los municipios rurales de Santander o quedará como otro anuncio sin resultados palpables? La exigencia de la ciudadanía es clara: transparencia, participación activa y control efectivo para romper con décadas de déficit estatal.


Contexto adicional: Los PDET nacieron en 2017 con la promesa de transformar 170 municipios, pero enfrentan retos estructurales como presencia de economías ilícitas y desconfianza comunitaria. En Santander, municipios cercanos a Bucaramanga siguen reportando violencia y rezagos sociales graves.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de Girón y San Vicente, veedurías ciudadanas, expertos de la UIS, Fundación Ideas para la Paz, informes oficiales del Senado.