Prórroga de PDET hasta 2037 en Colombia: Campesinos de Santander exigen resultados y garantías reales
Prórroga de PDET busca continuidad, pero violencia y abandono siguen afectando municipios como los de Santander
SANTANDER — María Gómez, campesina del municipio rural de San Vicente de Chucurí, uno de los territorios catalogados dentro de los PDET, denuncia que la prórroga aprobada para el programa en el Senado hasta 2037 genera desconfianza entre las comunidades. "Nos prometen apoyos desde 2017, pero seguimos viendo poco avance, y la violencia no cesa", asegura.
La extensión hasta 2037 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fue aprobada recientemente en el Senado para garantizar continuidad en inversiones y proyectos en los 170 municipios afectados por el conflicto armado, donde viven más de 6,6 millones de colombianos.
Sin embargo, en regiones como la ruralidad de Santander, donde varios municipios están incluidos en PDET, persiste la sensación de abandono estatal, pues pese a que oficialmente 2.066 proyectos fueron ejecutados por más de 14 billones de pesos, la inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales continúan golpeando la vida cotidiana.
"Nos siguen afectando las disidencias, y aunque hablamos con las autoridades, los proyectos nunca llegan con la fuerza necesaria para cambiar nuestra realidad"
— María Gómez, campesina y líder comunitaria, San Vicente de Chucurí, Santander
Expertos independientes y organizaciones sociales llevan años advirtiendo que los PDET deben fortalecerse con mecanismos reales de vigilancia, participación comunitaria y transparencia presupuestal para evitar que las inversiones se queden en obras a medias o en papeles. La Fundación Ideas para la Paz señaló un aumento sostenido de grupos armados ilegales en estos territorios, incluidos los municipios PDET en Santander.
A pesar de que el Senado asegura que la prórroga incluye la obligación de realizar un estudio técnico para ampliar los municipios contemplados, y que la inversión histórica es un avance, las comunidades reclaman que no basta con prolongar vigencias sin acompañar con compromiso real de resultados y control ciudadano.
Fiscalización, trasparencia y control ciudadano
La Mesa de Veedurías de Santander insiste en que la prórroga debe ir acompañada de mecanismos que permitan a las comunidades monitorear en tiempo real el avance de proyectos y que aseguren el compromiso presupuestal efectivo. Según datos de la Contraloría municipal, muchas partidas asignadas para desarrollo rural presentan ejecuciones parciales o retrasos.
Soluciones desde la academia y experiencias internacionales
Investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) proponen reforzar la participación comunitaria con veedurías permanentes que tengan acceso directo a la información técnica y presupuestal. Además, recomiendan implementar modelos de gestión territorial exitosos en regiones similares de América Latina, donde la inclusión social, el acompañamiento técnico y la supervisión ciudadana han reducido significativamente la violencia y mejorado las condiciones de vida.
- Impulsar asambleas comunitarias periódicas con seguimiento público a cada proyecto.
- Garantizar la creación de contralorías ciudadanas vinculantes durante la ejecución del programa.
- Adoptar técnicas de transparencia tecnológica para informar sobre el avance real y uso de recursos.
La comunidad y expertos coinciden en que sin estas condiciones la prórroga del PDET corre el riesgo de ser un anuncio más sin impacto real en los territorios afectados, especialmente en Santander, donde la inseguridad y el abandono persisten.
Contexto adicional: Aunque oficialmente se reportan inversiones y ejecución de proyectos en municipios PDET, las voces locales y las organizaciones sociales alertan sobre la violencia sostenida, economías ilícitas y falta de control que amenazan con perpetuar el abandono estatal.
Fuentes consultadas: Campesinos y líderes comunitarios de San Vicente de Chucurí (Santander), Mesa de Veedurías de Santander, Universidad Industrial de Santander, Fundación Ideas para la Paz, Contraloría Municipal de Santander, Senado de la República.
