Prórroga de PDET genera incertidumbre entre comunidades rurales de Santander por violencia y falta de garantías
Persistencia de la violencia y dudas sobre eficacia marcan la extensión de programas PDET en municipios rurales
SANTANDER — José Álvarez, líder campesino del corregimiento de San Vicente de Chucurí, expresa su preocupación: "Nos anuncian prórrogas y más recursos, pero la violencia y el abandono estatal siguen aquí. ¿Cómo confiar en que estas promesas cambien la realidad de nuestras familias?". Esta voz representa la incertidumbre que aqueja a comunidades rurales de Santander incluidas en los programas PDET, luego de que el Senado aprobara extender hasta 2037 su vigencia sin resolver problemas estructurales.
Desde su inicio en 2017, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) buscan mejorar condiciones de vida en regiones golpeadas por pobreza, cultivos ilícitos y violencia armada. La reciente prórroga aprobada por el Senado extiende el programa por diez años, asegurando continuidad administrativa y presupuestal para municipios en zonas como Santander, con alrededor de 6.6 millones de beneficiarios en todo el país.
La administración nacional destaca inversiones por más de 14 billones de pesos y la sustitución de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, expertos independientes y líderes locales advierten que mientras los indicadores oficiales muestran avances, la violencia, especialmente por disidencias de las FARC y grupos como el Clan del Golfo, no solo persiste sino que crece, comprometiendo la ejecución efectiva de los proyectos.
"Las cifras oficiales esconden el aumento del control territorial de grupos armados que afectan la seguridad y desarrollo real de las comunidades. No basta prorrogar programas sin soluciones integrales a la violencia"
— Luz Marina Gómez, investigadora en desarrollo rural de la Universidad Industrial de Santander (UIS)
En municipios del área metropolitana afectados por dinámicas rurales, como San Vicente de Chucurí y Landázuri, los habitantes reportan falta de presencia efectiva del Estado y temor ante la creciente inseguridad. Pese a la prórroga, no existe un plan desplegado que garantice protección y acompañamiento permanente.
El senador Carlos Alberto Benavidez, promotor de la prórroga, asegura que ésta permitirá corregir bloqueos institucionales y ampliar cobertura, con un estudio técnico en un año para incluir municipios excluidos desde 2017. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la ausencia de cronogramas y compromisos claros que soporten un avance real eficaz.
La Veeduría Ciudadana Santiago de Tunja, que hace seguimiento a la ejecución de los PDET, señala que la ejecución presupuestal ha sido desigual y que no se ha implementado un mecanismo de control ciudadano con poder real para exigir resultados y sancionar incumplimientos.
Propuestas desde expertos y experiencias foráneas
Líderes comunitarios y académicos proponen revisar modelos de desarrollo rural con enfoque integral que combinen seguridad, acceso a tierra, educación y fortalecimiento institucional, como se ha probado con éxito en programas de desarrollo rural territorial en Antioquia y Cauca, donde la articulación interinstitucional y la veeduría ciudadana redujeron impactos negativos y mejoraron condiciones socioeconómicas.
- Implementación de mecanismos de control ciudadano vinculantes para supervisar la ejecución y recursos.
- Fortalecimiento de la seguridad rural con estrategias comunitarias y participación policial focalizada.
- Planes de desarrollo agrícola sostenible y diversificado con inclusión de comunidades rurales en diseño y ejecución.
Estas propuestas han sido reiteradas por la academia y las comunidades rurales en Santander, que exigen que la prórroga sea acompañada de acciones reales y transparentes y no se convierta en una extensión de discursos sin cumplimiento.
La pregunta que permanece es clara: ¿serán capaces los gobiernos nacionales y locales de garantizar que esta prórroga de los PDET realmente mejore la vida de las comunidades rurales en Santander o será una promesa más en medio del abandono y la inseguridad?
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han enfrentado dificultades para avanzar debido al control armado, la pobreza estructural y la limitada capacidad institucional, especialmente en municipios de Santander. El crecimiento de grupos armados ilegales sigue siendo un riesgo que pone en duda la eficacia de los programas.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de San Vicente de Chucurí y Landázuri, investigadores de la UIS, Veeduría Ciudadana Santiago de Tunja, fuentes oficiales del Senado y análisis de organizaciones independientes.
