Prórroga de PDET genera dudas y temor en municipios de Santander mientras violencia persiste

6,6 millones de colombianos esperan inversión efectiva, pero en Bucaramanga área metropolitana comunidades denuncian abandono y crecientes riesgos

BUCARAMANGA/FLORIDABLANCA — Claudia Giraldo, líder comunitaria de Floridablanca, asegura que aunque el Senado prorrogó hasta 2037 los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), todavía no ve reflejadas las inversiones prometidas. "Aquí seguimos con calles sin pavimentar, falta de proyectos productivos y la sombra de grupos armados que no se van", reclama. En Bucaramanga y municipios vecinos, como Girón y Piedecuesta, crece la incertidumbre sobre el alcance real de esta extensión y el impacto en territorios que históricamente han sido excluidos o abandonados por el Estado.

Desde 2017, el programa PDET ha concentrado recursos multimillonarios para 170 municipios afectados por el conflicto armado y la pobreza extrema. Sin embargo, los departamentos de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga han visto pocas señales concretas de esos beneficios. Según datos oficiales, se han ejecutado más de 2.000 proyectos con una inversión total de 14 billones de pesos, pero la ausencia de rendición de cuentas detallada y el desfase en la ejecución generan dudas entre las comunidades.

La administración nacional y el Senado aseguran que la prórroga de diez años mantendrá la continuidad presupuestal y administrativa para ampliar la cobertura a municipios aún excluidos. Sin embargo, no se especifican cuáles serán esos nuevos municipios, ni cómo se garantizará el seguimiento en regiones con alarmantes niveles de violencia y economías ilícitas que persisten, pese a los esfuerzos del programa.

Los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana cuestionan que, a la fecha, ninguno de los planes y proyectos ejecutados se ve reflejado en mejoras reales en comunidades vulnerables. "Nos prometieron desarrollo rural integral y apoyo sostenible, pero seguimos viendo crecimiento de la inseguridad y abandono estatal", comenta Juan Carlos Méndez, habitante del barrio Cabecera del Llano en Bucaramanga.

"Las inversiones y planes siempre llegan tarde o no llegan. Necesitamos que el Estado nos escuche y que haya verdaderas veedurías ciudadanas que fiscalicen y garanticen transparencia"

— Claudia Giraldo, líder comunitaria Floridablanca

Representantes de la sociedad civil y veedurías ciudadanas han señalado la necesidad urgente de mecanismos independientes para supervisar la ejecución de estos programas. Expertos en desarrollo rural y paz de la Universidad Industrial de Santander critican la falta de criterios claros y seguimiento riguroso, que en ocasiones permite que las inversiones no lleguen a quienes más las necesitan.

Además, informes recientes de la Fundación Ideas para la Paz alertan sobre el crecimiento de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN en municipios PDET. En Santander y sus alrededores, la presencia y expansión de estas organizaciones afectan la tranquilidad y desarrollo comunitario, generando un clima de incertidumbre y peligro que no consideran los anuncios oficiales.

Fiscalización pendiente y rendición de cuentas

Análisis de los proyectos y recursos indica que, de los 14 billones anunciados, la ejecución no supera el 60% en la región y los cronogramas de avance son poco transparentes. La falta de espacios adecuados para que las comunidades reporten irregularidades y participen activamente en el control social limita las posibilidades de éxito del programa.

Propuestas desde la academia y veedurías independientes

Expertos de la UIS recomiendan implementar modelos de seguimiento ciudadano con tecnología GPS y publicación en tiempo real de avances en todas las etapas. Además, plantean establecer alianzas con organizaciones locales para formación y capacitación en fiscalización comunitaria, fortaleciendo la capacidad de vigilancia.

• Implementación de plataformas digitales accesibles para reportes y seguimiento de proyectos en tiempo real, como ha funcionado en ciudades como Medellín.
• Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas con asesoría técnica y legal independiente.
• Inclusión efectiva de municipios metropolitanos de Santander para garantizar equidad territorial real.

La comunidad exige que la prórroga no sea un nuevo anuncio vacío, sino un compromiso real con la transformación estructural, transparentando todos los procesos y abriendo espacios de participación claros y efectivos para sus habitantes.

Contexto adicional: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, lanzados en 2017, enfrentan retos de cumplimiento y seguimiento, especialmente en zonas con presencias ilegales que limitan el desarrollo. La prórroga anunciada busca corregir bloqueos institucionales, pero sin una fiscalización rigurosa y participación ciudadana se corre el riesgo de repetir patrones de abandono histórico.

Fuentes consultadas: Líderes comunitarios del área metropolitana, expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Fundación Ideas para la Paz, veedurías ciudadanas, fuentes oficiales (en ese orden de prioridad).