Prórroga de PDET genera dudas en Santander: crecen grupos armados y falta transparencia
Extensión hasta 2037 pone en jaque avances reales y seguridad en municipios PDET de Santander
SANTANDER — Habitantes de San Vicente de Chucurí y El Carmen, municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), expresan preocupación ante la prórroga aprobada por el Congreso para extender estos programas hasta 2037. "Nos prometieron progreso y paz, pero cada vez sentimos más miedo por el aumento de grupos armados y la lenta ejecución de proyectos", afirmó Juan Camilo Rodríguez, líder comunitario de El Carmen.
El Senado recientemente aprobó la prórroga de los PDET por diez años más, extendiendo su vigencia hasta 2037 y prometiendo inversiones para los territorios afectados por violencia y abandono estatal. Sin embargo, desde 2017, cuando se iniciaron las primeras fases del programa, los habitantes denuncian que los avances son insuficientes y que la violencia no ha cesado.
La administración nacional asegura que se han invertido más de $14 billones en más de 2.000 proyectos, y que casi 100.000 familias han recibido asistencia. No obstante, expertos locales advierten que la persistente presencia y crecimiento de grupos armados ilegales en la región, como las disidencias de las FARC y el ELN, afectan gravemente la seguridad y el desarrollo comunitario.
Ciudadanos de la región denuncian que la implementación de los proyectos sufre demoras y falta de transparencia, lo que limita el impacto real en condiciones de vida. "Las inversiones parecen cifras en documentos, pero en los barrios y veredas seguimos con abandono y miedo", explicó María Fernanda Ruiz, habitante de San Vicente de Chucurí.
"Cada día crecen las amenazas y la inseguridad. Urgimos mecanismos claros de control ciudadano para que estos programas realmente beneficien a nuestra comunidad"
— María Fernanda Ruiz, líder comunal San Vicente de Chucurí
En el Concejo Municipal de Bucaramanga y líderes sociales de Santander han manifestado críticas por la falta de rendición de cuentas y la ausencia de participación efectiva de la comunidad en la supervisión de estos programas. Además, exigen que el análisis técnico prometido incluya una participación amplia y mecanismos claros de vigilancia ciudadana.
La fiscalización de las inversiones revela desconexión entre cifras oficiales y ejecución en terreno, generando escepticismo sobre la capacidad real de los PDET para lograr una transformación estructural del campo en la región metropolitana.
Propuestas desde la academia y la comunidad
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) sugieren implementar modelos de veeduría ciudadana activos, basados en experiencias exitosas de otros territorios, que permitan a las comunidades vigilar en tiempo real la ejecución de los proyectos y denunciar irregularidades.
- Creación de comités locales con autonomía para supervisar avances y gastos
- Implementación de plataformas digitales abiertas para seguimiento ciudadano
- Fomento de alianzas entre universidades y comunidades para auditorías independientes
La sociedad civil del área metropolitana de Bucaramanga exige que la prórroga no sea otro papel más que prolongue el abandono, sino el punto de partida para un proceso transparente y participativo que transforme realmente las condiciones de vida en los municipios PDET.
¿Cuándo se conocerán resultados concretos y verificables que permitan creer en la paz y desarrollo prometidos desde 2017? Hasta ahora, los ciudadanos solo ven anuncios sin cumplimiento real.
Contexto adicional: Los municipios PDET en Santander enfrentan retos históricos de violencia y economías ilícitas que no han sido superados pese a inversiones millonarias. La prórroga plantea la necesidad urgente de mecanismos de control y transparencia para no repetir los errores del pasado.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de San Vicente de Chucurí, Concejo Municipal de Bucaramanga, expertos de la Universidad Industrial de Santander, Fundación Ideas para la Paz, y documentos oficiales del Congreso.
