Prórroga de PDET: ¿garantía real para municipios vulnerables de Santander o nuevo anuncio sin cambios?
Prórroga de los Programas PDET extiende promesas, pero violencia y abandono persisten en Santander
SANTANDER — Habitantes de municipios rurales de Santander afectados por la violencia y el abandono estatal expresan desconfianza ante la reciente prórroga de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037. "Estamos cansados de promesas que nunca llegan a nuestras veredas", afirma una líder comunal de un municipio PDET cercano a Bucaramanga, señalando que la vulnerabilidad y la inseguridad siguen siendo el pan de cada día.
Desde su inicio en 2017, los PDET prometen la transformación estructural del campo y la reducción de problemáticas como la pobreza, la violencia y la economía ilegal en 170 municipios. En Santander, varios municipios y zonas rurales cercanas a Bucaramanga han sido incluidos en este programa que asegura atención a más de seis millones de colombianos.
El Senado aprobó extender la vigencia de los PDET hasta 2037 para garantizar la continuidad administrativa y presupuestal, además de corregir bloqueos institucionales. La iniciativa, defendida por senadores de la bancada del Pacto Histórico, contempla un diagnóstico para incluir municipios excluidos originalmente en la Ley 893 de 2017.
La versión oficial destaca inversiones por alrededor de 14 billones de pesos en más de 2.000 proyectos, sustitución de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos y atención a casi 100.000 familias con programas de asistencia técnica y alimentación.
"Nos prometieron desarrollo y seguridad, pero los grupos armados al margen de la ley siguen imponiendo miedo y control en nuestras comunidades"
— Líder comunitario de municipio rural PDET en Santander
Sin embargo, la presencia y expansión de grupos armados ilegales y disidencias de las extintas FARC continúa siendo una alarma. Según la Fundación Ideas para la Paz, las disidencias como alias Calarcá crecieron 16% entre 2024 y 2025, Iván Mordisco un 20%, el Clan del Golfo un 18% y el ELN un 3%, afectando también a municipios PDET en Santander.
Expertos en seguridad de la Universidad Industrial de Santander (UIS) advierten que estas dinámicas reflejan un abandono estructural del Estado en estos municipios que limita la efectividad de los beneficios y programas implementados.
Fiscalización y voces críticas
Desde organizaciones sociales y veedurías ciudadanas del área metropolitana de Bucaramanga, se exige un monitoreo más riguroso y transparente de los recursos asignados, así como una rendición de cuentas real con indicadores claros y resultados visibles en territorio.
La experiencia local muestra que inversiones y proyectos anunciados se han dilatado o incompleto debido a trámites, corrupción o falta de continuidad administrativa, generando desconfianza entre la comunidad.
Soluciones propuestas desde expertos y experiencias de otras regiones
Académicos de la UIS sugieren implementar un modelo de gestión territorial basado en:
- Participación activa y vinculante de las comunidades en el diseño y supervisión de proyectos, para evitar desviaciones y garantizar respuestas reales.
- Interventoría independiente con participación ciudadana que controle ejecución y calidad de obras y programas.
- Incorporación de estrategias integrales de seguridad comunitaria que incluyan la cooperación entre fuerzas públicas y líderes locales para reducir la influencia de grupos armados.
Además, llaman a que la prórroga no sea una extensión de burocracia, sino una oportunidad real para replantear la política pública con enfoque territorial, social y de derechos humanos, evitando se convierta en un acto administrativo vacío.
La comunidad local y expertos exigen que la Alcaldía de Bucaramanga y las administraciones municipales relacionadas publiquen cronogramas públicos y accesibles, abran espacios de diálogo permanente y establezcan mecanismos efectivos de control ciudadano para que los PDET cumplan su objetivo.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han enfrentado múltiples retos para lograr sus metas; las cifras gubernamentales contrastan con la persistencia de violencia y abandono en zonas rurales, evidenciando la necesidad de una fiscalización rigurosa y participación comunitaria efectiva.
Fuentes consultadas: Líderes comunales de municipios PDET en Santander, expertos de la Universidad Industrial de Santander, veedurías ciudadanas del área metropolitana, Fundación Ideas para la Paz, senadores del Pacto Histórico.
