Prórroga de PDET despierta dudas en Santander ante persistencia de violencia y exclusión
Prórroga hasta 2037: ¿Continuidad real o más promesas incumplidas para territorios históricamente olvidados?
SANTANDER — María, comunera de un municipio PDET cercano a Bucaramanga, expresa su preocupación: “Llevamos años esperando cambios reales, pero la violencia y la pobreza siguen igual. Esta prórroga no nos dice cuándo veremos obras ni cómo se hará la vigilancia comunitaria”. Son 6,6 millones de colombianos en 170 municipios los que esperan que la extensión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no sea solo un anuncio más.
Desde su lanzamiento en 2017, los PDET han sido presentados como la llave para transformar comunidades afectadas por décadas por la violencia, la pobreza extrema y el abandono estatal. Sin embargo, a pesar de los $14 billones invertidos en más de 2.000 proyectos, la presencia de grupos armados ilegales y las economías ilícitas siguen siendo un obstáculo que mantiene en jaque a la región, incluyendo áreas cercanas a Santander.
El Senado de la República aprobó esta semana la prórroga de estos programas hasta 2037, asegurando que así se garantizará la continuidad administrativa y presupuestal. El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente del proyecto, afirma que "es un gesto de respeto con las regiones que han puesto el cuerpo en la paz". Sin embargo, este discurso oficial no aclara cómo se superarán los bloqueos institucionales que han lastrado la ejecución y vigilancia de estos planes.
María sostiene que “los recursos llegan con retraso y sin seguimiento real. No se ve cómo las comunidades participen en los controles sociales, y las promesas de erradicar cultivos ilícitos y mejorar la seguridad alimentaria no se cumplen del todo”. Estudios de la Fundación Ideas para la Paz confirman que los grupos armados disidentes continúan ampliando su influencia en municipios PDET, incluyendo algunos no muy lejanos a Santander.
"La prórroga solo tendrá sentido si garantiza mecanismos de control comunitario y transparentes. La gente necesita que se respete lo acordado, no discursos vacíos"
— Juan Hernández, líder comunitario en municipio PDET cercano a Bucaramanga
Concejales de oposición en Santander alertan sobre la necesidad de que la implementación de los PDET contemple vías claras para la rendición de cuentas y la participación ciudadana, para que la inversión no quede en simples cifras infladas en reportes oficiales. “La falta de veedurías independientes es un factor que explica muchas irregularidades y la persistencia del abandono en estas regiones”, afirma una de las veedoras sociales de Bucaramanga.
Fiscalización de cifras oficiales
Los $14 billones declarados en inversión contrastan con los testimonios de bajos impactos visibles en los territorios. Además, las metas trazadas en 2017 para erradicación de cultivos ilícitos y asistencia técnica a familias han mostrado avances parciales e insuficientes frente al crecimiento de grupos armados ilegales. La ejecución financiera y técnica de los proyectos ha sufrido retrasos y opacidad en varios municipios afectados.
Propuestas desde la academia y la comunidad
Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan fortalecer mecanismos de control ciudadano, incluyendo veedurías fortalecidas con apoyo técnico, maquinaria pública puesta en manos de las mismas comunidades y presupuestos participativos que vinculen directamente a los habitantes en la definición y seguimiento de proyectos.
- Mecanismos de participación ciudadana con formación técnica para contraloría social.
- Implementación de tecnologías para monitoreo en tiempo real de proyectos e inversiones.
- Experiencias de municipios de Antioquia con éxito en control social y erradicación de economías ilícitas como referentes para la región.
Las comunidades exigen que esta prórroga sea acompañada de herramientas reales que eviten la repetición de ciclos de abandono y violencia, y que permitan un desarrollo estructural y sostenible.
Contexto adicional: Desde 2017, los PDET han enfrentado retos estructurales evidenciados en la persistencia de economías ilícitas, dificultades en la ejecución de proyectos, falta de control social efectivo y presencia continua de grupos armados ilegales, según reportes de la Fundación Ideas para la Paz y veedurías locales.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios de municipios PDET cercanos a Bucaramanga, veedurías independientes de Santander, expertos de la Universidad Industrial de Santander, informes de Fundación Ideas para la Paz y documentos oficiales del Senado.
