Prórroga de PDET: Comunidades rurales de Santander siguen en abandono pese a promesas de desarrollo

Inversión millonaria y prórroga oficial no frenan violencia ni pobreza estructural en municipios rurales del departamento

SANTANDER — En los municipios rurales del sur y oriente de Santander, donde se encuentran territorios incluidos en los PDET, los campesinos y comunidades indígenas siguen sin ver mejoras reales. "Llevamos años escuchando que los proyectos llegarán, pero la violencia armada y la pobreza siguen presentes", denuncia Juan Carlos Gómez, habitante de San Vicente de Chucurí, una de las zonas priorizadas en el programa.

El Senado de la República extendió hasta 2037 la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan transformar las zonas históricamente afectadas por la violencia, pobreza y abandono estatal. Esta prórroga significa asegurar inversiones para 170 municipios en todo el país, entre ellos varias zonas rurales de Santander.

Sin embargo, a pesar de las cifras oficiales que aseguran inversiones por más de 14 billones de pesos y miles de proyectos ejecutados, en la práctica la persistencia de economías ilegales, altos índices de pobreza y el aumento reciente en la presencia de grupos armados mantienen en jaque a estas comunidades.

"Los anuncios y recursos no bajan efectivamente hasta nuestras comunidades. Seguimos lidiando con el abandono estatal y la violencia que crece sin control"

— Juan Carlos Gómez, habitante rural de San Vicente de Chucurí

El senador Carlos Alberto Benavidez, ponente de la iniciativa, asegura que la prórroga es un "gesto de coherencia" hacia estas regiones. No obstante, organizaciones sociales y expertos independientes advierten que extender los plazos sin garantizar mecanismos efectivos de supervisión perpetúa el ciclo de promesas incumplidas.

Los datos entregados por la Fundación Ideas para la Paz revelan que la presencia y el accionar de grupos armados ilegales, como disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, han aumentado en varios municipios PDET a nivel nacional, incluyendo a algunos en Santander, contrastando con la supuesta reducción de la violencia que deberían lograr estos programas.

Revisión crítica de avances y fallas

Mientras que el Gobierno reporta más de 2.000 proyectos ejecutados, líderes comunitarios denuncian que gran parte de estas iniciativas no llegan a las áreas rurales más afectadas o carecen de continuidad y acompañamiento. La falta de transparencia en la ejecución presupuestal también genera desconfianza entre las comunidades.

Propuestas de expertos para un desarrollo real y sostenible

Académicos de la Universidad Industrial de Santander recomiendan la creación de veedurías comunitarias con énfasis en la participación directa de los habitantes de las zonas PDET. Además, proponen implementar mecanismos de seguimiento independientes, que incluyan auditorías sociales y la publicación periódica de informes detallados y accesibles para la ciudadanía.

• Fortalecimiento de los procesos participativos con comunidades indígenas y campesinas para definir las prioridades reales.
• Implementación de estrategias integrales que combinen desarrollo productivo con sustitución efectiva de cultivos ilícitos.
• Desarrollo de planes de seguridad territorial coordinados con autoridades locales y organizaciones sociales.

Estas propuestas buscan que la prórroga de los PDET no sea solo una extensión burocrática, sino un cambio tangible que termine con la desigualdad estructural que aqueja a regiones como Santander.

Las comunidades afectadas exigen que la administración nacional rinda cuentas claras, establezca plazos verificables y permita la participación ciudadana activa para evitar que se repitan errores del pasado.

Contexto adicional: Desde 2017, cuando comenzaron los PDET, persiste el reto de superar la violencia estructural y la pobreza en municipios rurales de Santander. A nivel nacional, el aumento de grupos armados ilegales y la falta de supervisión efectiva han impedido que las inversiones cumplan su objetivo.

Fuentes consultadas: Habitantes rurales de Santander, líderes comunitarios, Universidad Industrial de Santander, Fundación Ideas para la Paz, representantes sociales y versiones oficiales del Senado.