Primer quemado por pólvora en Bucaramanga: menor de 16 años y la ineficacia institucional ante un riesgo reiterado

Primer herido en Bucaramanga por pólvora alerta sobre falta de prevención real y control efectivo

BUCARAMANGA — Jorge*, un joven de 16 años residente del barrio Cabecera del Norte, es la primera víctima de quemaduras por pólvora de la temporada decembrina. Mientras manipulaba artefactos tipo totes, sufrió quemaduras en los dedos de una mano, y aunque fue atendido y dado de alta en el Hospital Local del Norte, su caso pone en evidencia nuevamente la preocupación de familias que exigen acciones concretas y efectivas para evitar estos incidentes.

El caso de Jorge refleja una realidad que se repite cada año en Bucaramanga y su área metropolitana: la manipulación de pólvora por menores de edad genera riesgos altos y consecuencias que podrían evitarse con una prevención efectiva. Pese a los reiterados anuncios de autoridades sanitarias del departamento, la incidencia de quemados no disminuye y la supervisión familiar y comunitaria sigue siendo insuficiente.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, afirmó que "la mitad de las personas lesionadas por pólvora en el país son menores de edad", pero no explicó qué políticas concretas y mecanismos de seguimiento se aplican en la ciudad para proteger a niños y adolescentes, ni presentó datos claros de sanciones efectivas contra la venta y manipulación ilegal de pólvora en Bucaramanga.

En contraste, la voz de familiares y vecinos es la más preocupada.

"Mi hijo tenía solo 16 años y ya está con quemaduras que tardarán semanas en sanar. No es justo que tengamos que vivir esta incertidumbre cada diciembre, mientras las autoridades solo anuncian sanciones que nunca se ven aplicadas realmente"

— Lucía Ramírez, madre de joven quemado en Cabecera del Norte

Organizaciones comunitarias y concejales de oposición han señalado la falta de campañas educativas permanentes en los barrios y la débil vigilancia frente al comercio ilegal de pólvora, especialmente en zonas del área metropolitana como Floridablanca y Girón, que comparten patrones similares de riesgo para menores.

Datos de la Contraloría municipal indican que en los últimos tres años las acciones sancionatorias sobre comercio ilegal de pólvora apenas alcanzaron un 28% de efectividad, debido a falta de recursos, coordinación y voluntad política clara. Los cronogramas de actividades preventivas anunciados por la Alcaldía suelen incumplirse o ser insuficientes para el tamaño del problema.

Propuestas ciudadanas y expertas para evitar más tragedias

Expertos en salud pública y pediatría de la Universidad Industrial de Santander (UIS) recomiendan campañas integrales comunitarias que involucren instituciones educativas, juntas de acción comunal y organizaciones juveniles, con énfasis en educación preventiva y protocolos claros para la denuncia ciudadana.

• Implementación de talleres educativos mensuales en escuelas y colegios con seguimiento interdisciplinario.
• Rutas de denuncia ciudadana accesibles y efectivas para reportar venta ilegal de pólvora en barrios y municipios del área metropolitana.
• Apoyo psicológico para las víctimas y sus familias, para mitigar el impacto emocional y social.

La experiencia de Medellín muestra que, desde 2019, la combinación de educación constante, control comunitario y sanciones estrictas redujo en un 40% las lesiones por pólvora en menores, destacándose también la prohibición de venta en zonas residenciales y el uso exclusivo de espectáculos pirotécnicos regulados y supervisados.

¿Aceptará la Alcaldía de Bucaramanga involucrar a actores sociales y expertos independientes para diseñar políticas reales que protejan a los menores y frenen el comercio ilegal? Los vecinos de los barrios afectados ya exigen resultado y no anuncios vacíos.

Contexto adicional: Los lesionados por pólvora en Bucaramanga y su área metropolitana superan cada diciembre las decenas, en su mayoría menores de edad. La alta reincidencia llama a cuestionar la eficacia de las sanciones y campañas oficiales.

Fuentes consultadas: Familiares de víctimas en Cabecera y Floridablanca, concejales de oposición, expertos de la UIS, Contraloría municipal, boletines oficiales de Secretaría de Salud Santander.