Primer quemado por pólvora en Bucaramanga expone falla en control y prevención urbana

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Primer quemado por pólvora en Bucaramanga expone falla en control y prevención urbana

El primer menor quemado en el norte deja en evidencia el incumplimiento en control y educación sobre pólvora

BUCARAMANGA — Andrés, de 16 años, es el primer quemado por pólvora en esta temporada decembrina en Bucaramanga. La explosión que le dañó varios dedos ocurrió en un barrio del norte de la ciudad, donde manipular estos artefactos se sigue dando pese a las reiteradas advertencias. Su familia y vecinos denuncian la falta de vigilancia efectiva y control real contra la venta ilegal y manipulación de pólvora en los barrios.

Mano quemada de un menor tras manipular pólvora en zona norte de Bucaramanga
Lesiones en mano de un menor tras explosión de pólvora en zona norte de Bucaramanga, primera víctima del mes. Foto: Vecinos y familia del afectado

En años anteriores, el Hospital Local del Norte ha reportado un creciente número de menores heridos por manipulación directa o indirecta de pólvora en sectores como Provenza, Paraíso y otros barrios norteños. Sin embargo, las autoridades parecen mantener una acción reactiva y comunicados de alerta, sin implementar un plan efectivo de educación y control permanente en la ciudad.

Mientras el secretario de Salud departamental Edwin Prada insta a la población a no manipular pólvora, la comunidad exige acciones concretas. "Sabemos que estos riesgos existen, pero nadie controla realmente la venta ilegal o la vigilancia en las calles. Mi sobrino es una prueba clara de que las campañas no llegan hasta ellos", denuncia Luz Marina Gómez, vecina del barrio Provenza.

"Exigimos operativos permanentes y cierre de puntos ilegales, no más anuncios que no se cumplen. Nuestros niños no pueden seguir siendo víctimas por falta de voluntad política"

— Luz Marina Gómez, habitante barrio Provenza

Expertos en salud pública alertan que la media nacional del 50% de menores lesionados por pólvora aplica en Bucaramanga pero con un agravante: la precaria atención a prevención y seguimiento de los casos. La falta de programas educativos comunitarios integrales y la deficiente supervisión permiten que los niños accedan a estos materiales peligrosos.

Según datos de la Veeduría Ciudadana por la Seguridad, en Bucaramanga se identificaron en 2023 al menos 12 puntos de venta ilegal de pólvora no controlados en varios sectores del área metropolitana. Estos puntos operan con total impunidad, mientras la administración local solo emite comunicados por redes sociales sin presencia territorial real.

Soluciones desde la academia y comunidades

La profesora Carmen Rodríguez, de la Facultad de Salud Pública de la UIS, propone una estrategia de educación integral aplicada en Cartagena que redujo en 40% las lesiones por pólvora en menores: talleres en escuelas, involucramiento de padres, y colaboración directa con líderes comunitarios para detectar puntos de venta ilegales.

  • Implementar campañas educativas descentralizadas con enfoque en barrios vulnerables de Bucaramanga y su área metropolitana
  • Establecer operativos constantes y sanciones efectivas contra la venta ilegal con participación activa de la comunidad
  • Crear comités locales de veeduría y acompañamiento comunitario para vigilar el cumplimiento durante las festividades decembrinas

Vecinos y líderes comunitarios exigen que la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander rindan cuentas claras y muestren resultados de seguimiento a estas campañas, así como una política de cero tolerancia frente a la ilegalidad y desinformación que pone en riesgo a menores como Andrés.


Contexto adicional: Pese a los reiterados llamados y sanciones vigentes, Bucaramanga reporta lesiones por pólvora cada diciembre sin mejoría tangible. En 2023, el Hospital Local del Norte atendió a 25 menores con quemaduras relacionadas. El control a la venta ilegal sigue siendo insuficiente, especialmente en zonas del área metropolitana como Floridablanca y Girón.

Fuentes consultadas: Familiares y vecinos afectados, Veeduría Ciudadana por la Seguridad, académicos de la Universidad Industrial de Santander, líderes comunitarios.