Primer quemado por pólvora en Bucaramanga en diciembre revive alarmas por falta de control y prevención

Primer lesionado menor de edad revela falta de resultados en prevención y control del uso de pólvora en Bucaramanga

BUCARAMANGA - Norte — Andrés, un menor de 16 años del barrio San Vicente del Norte, resultó con quemaduras en los dedos tras manipular pólvora tipo totes, convirtiéndose en el primer quemado por estas fechas en la ciudad. Su madre manifiesta preocupación porque durante años han denunciado la venta ilegal y la poca supervisión, sin respuestas contundentes de las autoridades locales.

En lo que va de la temporada decembrina, este caso marca el inicio de un problema histórico en Bucaramanga, pues pese a los llamados de prevención de la Secretaría de Salud de Santander, las lesiones por pólvora en menores continúan ocurriendo sin que se evidencie una acción efectiva que las reduzca.

El secretario de Salud del departamento, Edwin Prada, advierte que la mitad de las víctimas por pólvora en Colombia son menores, pero no explica qué medidas concretas existen en Bucaramanga para evitar que se repitan estos casos, ni si hay sanciones reales contra la venta ilegal que persiste en el área metropolitana.

Por su parte, el Hospital Local del Norte atendió al menor quemado y confirmó su alta médica tras estabilizarlo. Sin embargo, familiares y vecinos denuncian que la vigilancia sobre niños y adolescentes es insuficiente, y que la venta ilegal de pólvora funciona con relativa impunidad en zonas como el barrio San Vicente y Comuneros.

"Nos preocupa que a pesar de las advertencias siempre haya niños lesionados. Se debería fortalecer la vigilancia, sancionar a quienes venden pólvora ilegal y capacitar a las familias para evitar tragedias"

— Sandra López, líder comunitaria en barrio San Vicente

Organizaciones locales y veedurías ciudadanas coinciden en que las campañas preventivas son insuficientes y que faltan controles inmediatos en el comercio ilegal y educación comunitaria, aspecto que no está siendo prioritario en la actual administración municipal.

Fiscalización de cifras y sanciones

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las sanciones por manipulación y venta ilegal pueden llegar hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, pero no hay claridad pública sobre cuántas sanciones se han aplicado en Bucaramanga en los últimos años ni si se ha judicializado el tráfico ilegal, reflejando ausencia de control real.

Propuestas desde expertos y experiencias de otras ciudades

Expertos en salud pública y seguridad sugieren implementar un plan integral de prevención con enfoque comunitario que combine educación en colegios, supervisión de padres y sanciones claras. En ciudades como Barranquilla, se ha logrado reducir lesiones en menores con campañas educativas masivas de autocuidado y fortalecimiento de la inspección por parte de autoridades locales y Policía.

• Creación de redes comunitarias de vigilancia para denunciar venta ilegal y manipulación de pólvora en tiempo real.
• Implementación de talleres escolares sobre riesgos de pólvora con apoyo de profesionales de salud pública.
• Mayor presencia policial y campañas de sensibilización en zonas detectadas con tráfico ilegal en el área metropolitana.

Organizaciones sociales de Bucaramanga exigen a la Alcaldía y a la Secretaria de Salud que se implementen estas estrategias con transparencia y participación ciudadana para evitar que cada diciembre la cifra de quemados vuelva a repetirse.

¿Seguirán las autoridades locales replicando anuncios sin resultados mientras la ciudadanía pone el cuerpo y la salud de los menores está en riesgo? El tiempo para actuar es ahora.

Contexto: La Secretaría de Salud de Santander reporta que la mitad de los quemados por pólvora en Colombia cada año son menores de edad, pero Bucaramanga carece de estadísticas públicas claras sobre casos recientes y sanciones aplicadas.

Fuentes consultadas: Familiares del menor afectado, líderes comunitarios del norte de Bucaramanga, Secretaría de Salud de Santander, Hospital Local del Norte, veedurías ciudadanas, expertos en salud pública.