Planes de hace dos décadas, ciudades de hoy: la ineptitud de los alcaldes hunde el ordenamiento del AMB

El Área Metropolitana de Bucaramanga está pagando un costo altísimo por la pereza política de sus alcaldes y concejos: Girón opera con un POT de 2001, Piedecuesta con un PBOT de 2003, Floridablanca volvió al POT de 2001 porque el de 2018 quedó suspendido por fallas, y solo Bucaramanga tiene un POT vigente (2014) que expira en 2027. Resultado: crecimiento desordenado, vivienda más cara, movilidad colapsada, informalidad habitacional y una puerta abierta a “interpretaciones” normativas que alimentan la corrupción. No es un problema técnico; es falta de gobierno.

Un territorio del 2025 gobernado con mapas de 2001

En el papel, los POT deben actualizarse cada 12 años. En la práctica, dos de los cuatro planes del AMB superan los 20 años. Floridablanca, que aprobó POT en 2018, lo vio caer por un fallo que invalidó artículos clave (clasificación y delimitación del suelo), y hoy rige otra vez el POT de 2001. Pretender conducir la ciudad con diagnósticos pre–migración venezolana, pre–pandemia y pre–cambio climático es exactamente eso: gobernar a ciegas. Como advierte la consultora Carmenza Saldías, tomar decisiones con “exámenes” urbanísticos de hace 25 años multiplica los errores y sus costos. Y aquí los costos los paga la gente: tiempos de viaje interminables, barrios sin equipamientos, suelo más caro y conflictos socioambientales que se enquistan.

Déficit de vivienda, movilidad rota y calidad de vida a la baja

El AMB arrastra un déficit de al menos 50.000 viviendas. Sin POT actualizados que liberen suelo con servicios, definan densidades razonables y orienten cargas y plusvalías, el mercado empuja precios al alza. ¿El efecto? Familias expulsadas a periferias lejanas o a la informalidad. La movilidad lo exhibe sin maquillaje: entre 60% y 70% del empleo se concentra en Bucaramanga, mientras buena parte de la población vive en Floridablanca, Piedecuesta o Girón; el diseño urbano fuerza tránsitos diarios extensos por pocas arterias (como la Autopista Bucaramanga–Floridablanca–Piedecuesta). Así no hay semáforo inteligente que alcance.

Cuando el POT envejece, mandan los intereses particulares

Un POT desactualizado no detiene la ciudad; la deja en manos de quien tenga más músculo para “interpretar” la norma. La Ley 388 abre válvulas para resolver vacíos vía resoluciones, circulares o licencias. En buen castellano: si el Concejo y la Alcaldía no hacen su tarea con visión pública, terminan ordenando el territorio por pedacitos, caso a caso, según la presión del propietario, el constructor o el lote de turno. Eso no es planificación: es una subasta.

La fábrica de la informalidad: vivir cerca del trabajo o no vivir

Con suelo escaso y caro para VIS en la meseta, muchos hogares eligen invadir pendientes, rondas hídricas o suelos de protección antes que gastar dos horas diarias en trayectos. Aparecen asentamientos sin vías, sin colegios, sin transporte, abastecidos por 225 pilas públicas en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Luego llega la “legalización” con obras carísimas de mitigación que se hubieran evitado con planeación oportuna. Es la economía del parche: pagar diez veces más después por lo que debió preverse antes.

Radiografía municipal: cuatro realidades y un mismo pecado

Bucaramanga: único POT vigente (Acuerdo 011 de 2014). En 2023 radicó Revisión Excepcional (gestión del riesgo y estudios AVR). Caduca en 2027; si no arranca ya el nuevo ciclo, repetirá la historia de sus vecinos.
Floridablanca: POT 2018 (Acuerdo 035) suspendido por fallo en 2022; revivió el POT 2001 (Circular Conjunta 001 de 2023). Con un mercado residencial que empuja estratos 4, 5 y 6, el retroceso normativo agrava la segregación y encarece servicios.
Piedecuesta: PBOT 2003 (Acuerdo 028), con ajuste en 2020. Ya superó el umbral poblacional de PBOT; requiere POT de segunda generación. Hay intentos, pero varados por requerimientos. Mientras tanto, es una de las zonas de mayor expansión… sin instrumento acorde.
Girón: POT por decreto 237 de 2001; ajuste excepcional en 2010. Más de 24 años con el mismo molde. ¿Sigue siendo “vocación turística” o el territorio mutó? La norma no se enteró.

PEMOT: plan metropolitano que nadie se toma en serio

El AMB adoptó en 2019 el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT). Es la hoja de ruta para articular usos del suelo, vivienda, equipamientos y movilidad a escala regional. Problema: no es de obligatorio cumplimiento y cada municipio, escudado en su autonomía, lo ignora si le incomoda. Traducido: competimos entre nosotros por dónde crece la vivienda, por dónde pasan las vías y dónde se instalan los servicios, en vez de planificar el conjunto. La fragmentación es una decisión política, no un destino.

Por qué no se actualiza (y cómo se usa esa excusa)

Actualizar un POT exige diagnóstico serio, catastro confiable (muchos municipios ni lo tienen al día), participación real y músculo técnico. Cierto. Pero aquí la dificultad técnica se volvió coartada. Los alcaldes miden tiempos políticos, no tiempos urbanos: prefieren no tocar intereses de suelo, patear decisiones de riesgo o “actualizar” para mover fichas a favor de amigos. El resultado es idéntico: o se bloquea todo o se deforma la norma para negocios de corto plazo. En ambos casos pierde la ciudad.

Lo que se puede —y se debe— hacer ya (sin disculpas)

• Arrancar diagnósticos en paralelo: Bucaramanga (con urgencia pre-2027), Piedecuesta (transición inmediata a POT), Girón (revisión integral), Floridablanca (subsanar fallo y reingresar POT de 2018 con bases hídricas y de suelo sólidas).
• Catastro multipropósito metropolitano: sin base fiscal y física actualizada no hay ordenamiento ni financiación (predial, plusvalía, valorización).
• PEMOT a la agenda de los Concejos: incorporar explícitamente sus directrices en cada POT; sincronizar vivienda, equipamientos y corredores de transporte.
• VIS donde hay empleo: reservar y habilitar suelo con servicios para vivienda asequible cerca de polos laborales; densificación con reglas claras, cargas y beneficios, no por excepción.
• Cierre a las “licencias que legislan”: protocolos metropolitanos para evitar que vacíos normativos se resuelvan por ventanilla. Transparencia en decisiones urbanísticas y trazabilidad pública.
• Protección hídrica y riesgo: condicionamientos obligatorios de disponibilidad de agua y gestión del riesgo en cualquier cambio de uso del suelo (lección aprendida del fallo a Floridablanca).
  

La obsolescencia de los POT en el AMB no es un accidente ni un tecnicismo: es una decisión política de alcaldes y concejos que eligieron mirar a otro lado. Gobernar una metrópoli del 2025 con reglas de 2001 produce exactamente lo que estamos viviendo: vivienda inaccesible, movilidad inservible, invasiones peligrosas y un festival de “interpretaciones” que benefician a pocos y castigan a todos. Si los mandatarios no corrigen el rumbo —con método, calendario y coraje—, el área metropolitana seguirá ordenándose por decreto, por licencia y por interés particular. Ese es el verdadero fracaso. Y tiene responsables con nombre y cargo.