Petro autorizó traslado de criminales en Medellín: ¿Hará lo mismo en Santander?

La decisión del Gobierno de sacar a cabecillas criminales de prisión para darles tribuna en actos públicos en Medellín ha encendido las alarmas en Santander, donde crecen los temores de que esta estrategia pueda replicarse y abrir la puerta al protagonismo de delincuentes en escenarios oficiales de la región.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el presidente Gustavo Petro, como máxima autoridad administrativa de la entidad, autorizó el traslado de nueve reconocidos cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá y Medellín, para participar en un acto de paz urbana el 21 de junio de 2025 en la Plazoleta de La Alpujarra, Medellín. Esta decisión se ejecutó mediante resoluciones presidenciales y sin mediación de autorización judicial, con custodia permanente y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Quiénes fueron trasladados y cómo se justificó
• Los internos trasladados incluyen jefes criminales condenados por delitos graves: homicidio agravado, concierto para delinquir, secuestro, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, extorsión y desplazamiento forzado.

• Entre los nombres destacan alias ‘Tom’, ‘Douglas’, ‘Vallejo’ y ‘Carlos Pesebre’, designados oficialmente como “voceros” en el proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno nacional.

• El operativo fue ejecutado siguiendo directrices presidenciales, con salida y regreso coordinados en horario preciso y bajo acompañamiento policial. Durante el evento, los reclusos permanecieron inicialmente en una carpa aislada y, solo tras la instrucción directa de Presidencia, accedieron al escenario principal.
El contexto legal y la controversia nacional

• El Inpec argumentó que actuó bajo las facultades que le otorgan la Ley 65 de 1993 y la Ley 1709 de 2014, que permiten traslados temporales de internos con fines específicos y sin autorización judicial, siempre garantizando la seguridad y el regreso inmediato a prisión.

• La solicitud de traslado fue gestionada por la senadora Isabel Cristina Zuleta en su calidad de coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico, asignada formalmente por la Presidencia.

• El hecho encendió una fuerte polémica nacional por el mensaje político del Gobierno al poner sobre una tarima pública a cabecillas criminales, en un contexto de diálogo y procesos de paz con estructuras del crimen organizado.
Reacciones y debate

• Sectores políticos y sociales critican la decisión por considerar que legitima y da protagonismo público a delincuentes de alto perfil, mientras que el Gobierno defiende la estrategia como un mecanismo para reducir los índices de violencia y abrir canales de diálogo para la pacificación urbana.

• El traslado, amparado legalmente, agrava el debate sobre los límites institucionales y éticos de la política de paz con organizaciones criminales y la exposición de sus líderes en actos públicos bajo protección gubernamental.

La autorización directa del presidente Petro para trasladar y visibilizar a cabecillas criminales en un acto oficial marca un precedente controversial que ha desatado críticas y alerta en la opinión pública sobre la gestión gubernamental frente al crimen organizado en Colombia.