Peaje La Punta en Mesa de Los Santos: comunidad rechaza reactivación y denuncia ilegalidad tras fallo judicial
Recaudo impuesto por la Gobernación genera protestas, mientras la justicia niega medida cautelar y aviva la controversia en Santander
MESA DE LOS SANTOS/SANTANDER — Luis Alberto Rodríguez, residente y comerciante en Mesa de Los Santos, denuncia que "la reactivación del cobro en el peaje La Punta es un golpe más para nuestras bolsillos y una carga injusta que afecta a familias y a quienes transitan por la zona". Desde el 4 de diciembre, el paso por esta vía volvió a costar $17.200 tras la decisión del Tribunal Administrativo de Santander.
Desde mediados de octubre, diversas comunidades de la región protestaron por la instalación y cobro de este peaje, generando bloqueos y demandas para suspenderlo. Durante cerca de 43 días se paralizó el recaudo, afectando según la Gobernación de Santander más de $1.600 millones en ingresos destinados al mantenimiento vial.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander negó el pasado 3 de diciembre la medida cautelar solicitada por los manifestantes para suspender la Ordenanza 49 de 2024, que dio vía libre a la Gobernación para administrar este peaje desde enero. Según el tribunal, no se comprobó un perjuicio irremediable y consideran que la tasa cumple una función legítima para la conservación de la infraestructura.
La Gobernación restableció de inmediato el cobro, con apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que intervino sin uso de la fuerza para despejar las manifestaciones. Los habitantes denunciaron que esta acción profundiza la fractura social y refleja la inexistencia de espacios reales de diálogo para resolver el conflicto.
"La gobernación insiste en imponer un impuesto adicional sin consulta legítima. No estamos contra las vías, sino contra la ilegalidad y la carga económica desmedida que nos afecta"
— Carolina Gómez, líder comunitaria de Mesa de Los Santos
La comunidad argumenta que ni la Asamblea Departamental ni la Gobernación tienen facultades legales para la imposición del peaje, coincidiendo con cuestionamientos formulados por la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la constitucionalidad del tributo y su gestión.
En la actualidad, la acción de nulidad sigue en trámite ante el Tribunal Administrativo, definiendo el futuro legal del peaje La Punta. Mientras, sectores críticos advierten sobre la posible afectación de la ya frágil economía local, dependiendo en gran medida del turismo y el comercio.
Fiscalización y pérdida económica
El recaudado por este peaje debería destinarse al mantenimiento de la vía, pero sin transparencia clara sobre cómo se gestionan estos recursos ni cómo se planea la destinación del recaudo. La comunidad ha reclamado mayor apertura y control ciudadano para evitar manejos opacos y posibles desviaciones.
Propuestas desde la academia y la comunidad
Expertos en gestión pública y transporte de la Universidad Industrial de Santander recomiendan que para evitar conflictos similares se desarrollen modelos participativos de financiación vial, con controles comunitarios y revisión constante de tarifas. También sugieren impulsar proyectos regionales que diversifiquen fuentes de financiación, evitando que un solo peaje cargue con toda la responsabilidad fiscal.
- Implementar veedurías ciudadanas activas para supervisar el uso de recursos y generación de informes públicos.
- Conformar espacios de diálogo permanente entre comunidad, Gobernación y Asamblea para acuerdos sobre tarifas y manejo vial.
- Explorar mecanismos de financiación alternativos, como alianzas público-privadas o impuestos sectoriales focalizados.
La comunidad espera que el Tribunal Administrativo emita una decisión definitiva que erradique esta fuente impositiva que, a su juicio, afecta la equidad y el bienestar local, mientras exigen procesos transparentes y participativos en la gestión pública.
Contexto adicional: Tras 43 días de protesta y bloqueo en el peaje La Punta, la Gobernación de Santander retomó el cobro luego de un fallo judicial, aunque persiste la discusión legal sobre la competencia para imponer este tributo y la legalidad del mismo.
Fuentes consultadas: Habitantes y líderes comunitarios de Mesa de Los Santos, Tribunal Administrativo de Santander, Policía Metropolitana de Bucaramanga, expertos académicos de la Universidad Industrial de Santander, pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación.
