PDET y su prórroga: ¿real impacto en Santander o más promesas sin cumplir?
Prórroga hasta 2037 de PDET: anuncio oficial sin voz de municipios afectados en Santander
BUCARAMANGA/FLORIDABLANCA/PIEDECUESTA — Habitantes de municipios de Santander incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestran escepticismo ante la prórroga anunciada por el Senado que extiende la vigencia hasta 2037. "Llevamos años escuchando que llegarán inversiones para mejorar nuestro territorio, pero la violencia y el abandono estatal siguen presentes", dice Jorge Montoya, líder comunitario de un municipio del área metropolitana.
El Senado de la República aprobó la prórroga de los PDET hasta 2037, con el argumento de garantizar inversiones estructurales a más de 6 millones de colombianos que habitan en 170 municipios afectados por violencia y pobreza. Sin embargo, desde Santander, donde varios municipios hacen parte de este programa, persisten dudas sobre la efectividad y transparencia en la ejecución de dichas inversiones.
La iniciativa oficialista, presentada y respaldada por senadores del Pacto Histórico, promete corregir bloqueos institucionales y garantizar continuidad administrativa y presupuestal. Sin embargo, no se detallan medidas claras para frenar el avance de grupos armados al margen de la ley, que según datos recientes han aumentado su presencia en esos territorios.
Los ciudadanos afectados, que han vivido décadas en abandono estatal, reclaman que las cifras oficiales —como los 14 billones de pesos en inversiones y más de 2 mil proyectos ejecutados— no se reflejan en mejoras palpables en sus comunidades. Muchas familias en zonas rurales de Santander siguen enfrentando pobreza extrema, falta de servicios y amenazas constantes de grupos ilegales.
"La prórroga está bien, pero no sirve si no hay control real, transparencia y que la plata llegue donde debe. Queremos rendición de cuentas y participación directa para que no sea otro programa que dure solo en papeles"
— Jorge Montoya, líder comunitario del área metropolitana de Bucaramanga
Expertos independientes de la Universidad Industrial de Santander señalan que la persistencia de economías ilícitas y la inseguridad limitan gravemente el impacto real de los PDET. Recomiendan un plan de fiscalización ciudadana con auditorías periódicas y la inclusión efectiva de las comunidades en la planificación y control de los proyectos.
Al contrastar las cifras oficiales con la realidad en terreno, se advierte un avance insuficiente: la sustitución de cultivos ilícitos y la atención a familias afectadas no ha logrado reducir la violencia ni mejorar dignamente el acceso a servicios básicos en los municipios PDET de Santander.
Propuestas desde la academia y la sociedad civil
Expertos en desarrollo territorial de la UIS proponen implementar mecanismos de veeduría ciudadana, que permitan monitorear en tiempo real la inversión y ejecución de proyectos, así como establecer sanciones concretas para gestores que incumplan los cronogramas.
- Promover la participación directa de las Juntas de Acción Comunal en la vigilancia de los proyectos.
- Adoptar modelos exitosos de planeación participativa de ciudades como Medellín, que integran a la comunidad en todas las fases.
- Implementar auditorías externas periódicas con resultados públicos para garantizar transparencia.
La comunidad y expertos exigen que la administración nacional y local articulen esfuerzos para que la prórroga no sea solo un título sino un compromiso real con resultados medibles y control ciudadano.
Contexto adicional: Aunque el Senado aprobó la prórroga, municipios PDET en Santander denuncian históricamente falta de seguimiento efectivo, baja transparencia en la ejecución y crecimiento de grupos armados como disidencias que generan riesgo para la población rural.
Fuentes consultadas: Líderes comunitarios del área metropolitana de Bucaramanga, expertos de la UIS, Fundación Ideas para la Paz, documentos oficiales del Congreso y datos de organismos independientes.
